Ciudad de México, 16 jun (Sputnik).- Un juez de la Corte de Apelaciones de Miami, Florida, sur de EEUU, aceptó la demanda civil del Gobierno de México por peculado contra el ex secretario de Seguridad Pública del país latinoamericano Genaro García Luna (2006-2012), para que devuelva casi 650 millones de dólares desviados del erario, confirmó este viernes un alto funcionario federal.
«Es definitivo e inatacable que el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo», dijo en conferencia de prensa el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Esa instancia de la cartera federal de Hacienda y Crédito Público presentó una demanda para que regresen al erario del país latinoamericano los fondos públicos que fueron desviados mediante varios contratos irregulares para el ex funcionario y su entorno, familiares, personas y unas 40 empresas de seguridad.
«El juez le va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México, una vez que esto ocurra, se integra el jurado y viene el veredicto y la decisión del juez», dijo Gómez a periodistas después del veredicto emitido la tarde del jueves
El 21 de febrero pasado Genaro García Luna fue declarado culpable por un jurado en una corte de Nueva York, EEUU, de participar en una empresa criminal para la distribución de al menos cinco kilos de cocaína en EEUU, entre otros cargos, y está a la espera de la sentencia.
El funcionario de inteligencia financiera dijo que la «trama de corrupción» fue orquestada por García Luna durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El juicio es paralelo al que enfrenta García Luna por conspiración para introducir cocaína a EEEUU, entre otros delitos.
«Tuvimos una estructura de Estado corrupto, cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país que llegó a todas partes, por eso se extendió», dijo Gómez.
La demanda civil fue presentada contra Genaro García Luna y su esposa , Linda Cristina Pereyra de García, y las empresas Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, entre casi 40 firmas consideradas por el Gobierno como «fantasmas», creadas para el desvío de fondos públicos mediantes contratos falsos.
Además están imputados sus socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro Gónzález, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa).
La esposa de García Luna es acusada como «participante principal de una compleja red que usó empresas y fideicomisos para sus propósitos».
El dinero de las contrataciones ilícitas habrían sido «blanqueados» en EEUU; sobre todo en Miami y otros paraísos fiscales.
Dependencias del Gobierno mexicano firmaron 10 contratos con empresas de García Luna por más de 316 millones de dólares, y los fondos fueron enviados a paraísos fiscales en islas del Caribe.
Los servicios contratados contemplaban la instalación de sistemas de localización de comunicaciones denominados GSM, UMTS y CDMA, y un centro de rastreo de redes celulares.
La carrera policial de García Luna comenzó en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y en la Agencia Federal de Investigación de la administración de Vicente Fox (2000-2006). (Sputnik)
