A raíz de la negociación del FEES 2024, un grupo de personas de la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica, constituido por docentes, estudiantes y personal administrativo, nos hemos dado a la tarea de revisar las anteriores negociaciones de este Fondo y hemos encontrado serias debilidades en cuanto al proceso que han seguido, los montos y los compromisos acordados, así como el interés explícito del gobierno de restarle el apoyo a las universidades públicas y a la educación pública como un todo.
Ante este contexto y ante la necesidad de que el pueblo costarricense siga contando con una universidad pública consolidada y con las condiciones fundamentales para cumplir su misión de contribuir con las transformaciones que el país requiere para el logro del bien común, realizamos la siguiente propuesta para la negociación del FEES 2024. Esta tiene como condición ineludible una estrategia planificada del CONARE como un solo cuerpo colegiado y debe contemplar, las siguientes acciones:
- Que el CONARE le exija al Gobierno de la República el cumplimiento del 8% del PIB para la educación, según lo establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna. Además, que con transparencia el CONARE establezca los parámetros mínimos y óptimos de la negociación y que incorpore a las comunidades universitarias en la lucha por un FEES justo, con especial atención a las demandas estudiantiles.
- Que en la negociación se incluyan los montos que el Gobierno le adeuda a las universidades, ya sea por recortes inconstitucionales o por el compromiso adquirido, por ejemplo, en el FEES del 2021 donde las partes acordaron un FEES con una reducción inicial del 5 por ciento. En este caso, el Gobierno debe comprometerse a gestionar que los recursos de esas deudas no estén sujetos a los requerimientos de la Ley 9635, ya que no ha sido responsabilidad de las universidades públicas la respectiva no ejecución al no disponer de ellos.
- Que el monto base de la negociación sea de 570.000 millones de colones, como fue propuesto por las Federaciones Estudiantiles, y que se incluya un crecimiento para atender los planes presentados por los rectores del CONARE a fin de ampliar acceso y cobertura, fortalecer becas estudiantiles, apoyar proyectos innovadores de docencia, investigación y acción social, impulsar la regionalización de manera integral y promover, con recursos concretos, políticas de equidad e inclusión. El monto correspondiente a este punto debe estar de previo definido por el CONARE.
- También consideramos que se deben incorporar las salvaguardas correspondientes a las variaciones de dicha inflación en el 2024, a fin de ejecutar con éxito de todos los proyectos universitarios. Y evidentemente, que en esa negociación se contemplen los recursos provenientes de leyes específicas y otras fuentes.
- Que el CONARE no acepte ningún tipo de condicionamiento del Gobierno que violente la autonomía de las universidades, en su gestión administrativa y académica, con la imposición de líneas de trabajo, tipos de carreras y de investigación, entre otros, que no respondan a su visión integral y a sus fines y propósitos.
Esta propuesta la hacemos con el fin de colaborar en una negociación que asegure el derecho legítimo de la población estudiantil a una educación superior inclusiva y de excelencia.
(*) José Ángel Vargas Vargas, Catedrático UCR