San José, 26 jun (Prensa Latina) Cuando Costa Rica decidió a mediados del siglo XX disolver el Ejército, encaminó todos sus esfuerzos para invertir en educación pública, sin embargo, ese avance social pudiera ahora tambalearse.
Primero fueron a las calles por diferentes irregularidades los trabajadores y sindicatos de la Caja Costarricense de Seguridad Social, la entidad encargada de administrar dos grandes seguros: salud y pensiones, así como coordinar y ejecutar programas tanto de prevención y asistencia a gran parte de la población de esta nación centroamericana.
Ahora, son los estudiantes universitarios de entidades públicas los que convocaron las protestas, a los que se les unieron alumnos de los demás niveles de enseñanza, profesores, sindicatos, federaciones y partidos de izquierda.
Para el joven José Zelaya, jefe de agitación y propaganda del Partido Vanguardia Popular, la marcha une a todas las organizaciones y no solo reclama por la educación pública universitaria.
Exigimos el respeto al mandato constitucional de que el ocho por ciento del Producto Interno Bruto PIB debe ser asignado a la educación en general, desde la primaria hasta la secundaria, dijo en declaraciones a Prensa Latina.
El Congreso de la nación centroamericana aprobó en 2011 una reforma constitucional que destina el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública, en todos sus niveles de enseñanza.
Presupuesto que podría estar en peligro, y aún se desconoce si será aprobado o no para el 2024, preocupación creciente de la población costarricense y en especial sus estudiantes.
Ante la convocatoria universitaria, que según cifras oficiales aunó a más de seis mil personas que llegaron desde dos puntos a la sede de la Asamblea Nacional, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves calificó esta ley constitucional de populista.
La convocatoria fue débil, no había una causa clara, ¿defender la educación?, todos la defendemos, ironizó el mandatario para argumentar después que un país envejecido y con cada vez menos estudiantes debe amarrarse a un ocho por ciento del PIB.
Pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista en aquel entonces, subrayó.
Los universitarios reclamaban además que el Gobierno ajuste el uno por ciento de sus presupuestos por concepto de inflación, aspecto pendiente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) prometido desde el pasado año por el Ejecutivo, solicitud que el mandatario y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, manifestaron que no se aplicará pues no hay recursos disponibles.
Ante esta respuesta, diferentes sectores del sistema educativo dieron a conocer de manera conjunta sus posiciones en contra del accionar del Ministerio de Educación Pública que busca modificar ese presupuesto y transferirlo al Ministerio de Seguridad para financiar parte del programa Costa Rica Segura.
Como respuesta a las manifestaciones, la diputada Rocío Alfaro de la fracción del Frente Amplio (FA), difundió en las redes un video en el que resume la posición de ese partido en esta acción estudiantil.
El FA se sumó a las organizaciones que denuncian como el gobierno incumple con las obligaciones del estado en cuanto al presupuesto designado a la educación, señaló.
Era importante sumarnos porque la educación constituye columna vertebral del estado social de derecho: mantener la educación. Si queremos tener un desarrollo real y una patria soberana debemos invertir en educación.
Ver al pueblo de Costa Rica y a todos los sectores que se sumaron nos llenan de esperanza, puntualizó.
Mientras, el mandatario Chaves explicó que su objetivo es tener una discusión racional sobre el presupuesto educativo y reconoció que si no hay un acuerdo, será el Congreso el encargado de definir el presupuesto para la educación en 2024.
Sin embargo, diputados del Partido de Liberación Nacional, de la oposición, dieron a conocer que sus 19 diputados no votarán ningún presupuesto mientras no se solucione la disputa por el FEES.
Por lo pronto habrá que esperar el próximo paso, para conocer lo acordado entre Gobierno-rectores de las cinco entidades públicas universitarias, un cuarto encuentro que se celebrará el próximo viernes 30 de junio.
