Montevideo, 27 jun (Sputnik).- Uruguay llega a este 50 aniversario del golpe de Estado con varias actividades conmemorativas, pero sin superar aún un debate entre los que prefieren «pasar la página» y mirar hacia adelante y quienes insisten en conocer a fondo el pasado para evitar que se repita.
La última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) instauró una época de terror autoritario, con prohibición de los partidos políticos, ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, intervención de la educación y persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de unos 200 ciudadanos y ciudadanas.
Fue el propio Parlamento uruguayo el que decidió, en abril de 1972, la declaración de que el país estaba en un «estado de guerra interno» en el marco de la lucha de las Fuerzas Conjuntas (policía y militares) contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).
Pero, apenas un año después, el 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras arguyendo que la «conspiración contra la patria» de la «subversión» estaba coaligada con la clase política.
Reconocimientos y ausencias
Las acciones institucionales para recordar esas fechas hasta ahora han sido escasas. En el Palacio Legislativo, el 15 de junio pasado, el Estado uruguayo reconoció apenas por segunda vez en cinco décadas su responsabilidad en delitos de lesa humanidad sucedidos durante el régimen militar.
El acto en que el Estado asumió su culpa por las muertes en 1974 de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, tres jóvenes estudiantes conocidas como «Las Muchachas de Abril», y los militantes desaparecidos Luis Eduardo González y Óscar Tassino, contó con buena presencia de público, tanto en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo como en las escalinatas exteriores y la cercana Plaza 1 de Mayo aunque, en su mayoría, se trató de gente mayor.
El reconocimiento había sido exigido por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio y a la cual Uruguay reconoce.
Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), no se hizo presente en el acto, sin dar mayores explicaciones a la opinión pública, y dejó a cargo de la ceremonia a la vicepresidenta Beatriz Argimón, lo que generó fuertes críticas de algunos sectores.
La última vez que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad en crímenes de la dictadura fue en 2012, también cumpliendo con una sentencia de la CIDH, en relación a la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
En aquella ocasión estuvo presente el entonces presidente José «Pepe» Mujica (2010-2015), del Frente Amplio (centroizquierda).
La excepcionalidad de estos actos y la polémica que los rodea despiertan la pregunta acerca de cómo ha procesado la sociedad uruguaya a su propia dictadura militar, la cual no estuvo fuera del contexto regional motivado por el Plan Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado impulsada por Estados Unidos en Sudamérica durante la década de 1970 y parte de 1980.
«Desgraciadamente, el interés por lo que pasó va en la etapa de la generación, porque tú le preguntas a muchachos chiquilines (jóvenes) de 15 a 18 años y están muy poco enterados o nada, o no les interesa; entonces, son las capas mayores los que van quedando los que realmente desean que haya solución y, por ahí, los sectores medios, de 30 o 40 años, conocen poco», admite Carlos Silva, un jubilado de 72 años, en diálogo con la Agencia Sputnik.
De todas formas, para este 50 aniversario del golpe se prevén algunas actividades conmemorativas, que acaso puedan contribuir a volver a poner el tema en el tapete.
De estas, destacaron la recreación, mediante proyección de imágenes grabadas de la última sesión del Senado antes del golpe y una vigilia en la que cientos de ciudadanos se reunieron con velas en las afueras del Palacio Legislativo.
Fechas sin memoria
La referencia ineludible a la hora de hablar de la dictadura es lo que ha sucedido en Argentina, donde los militares golpistas han recibido condenas que son ejemplares en el mundo.
Aquí en Uruguay, ninguna de las fechas alusivas a la dictadura es día feriado, ni siquiera el 20 de mayo, cuando se celebra la Marcha del Silencio en relamo de verdad y justicia por los desaparecidos, conmemorando el día de 1976 en que fueron hallados asesinados en Buenos Aires los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
No obstante, y aun cuando se trata de una jornada laboral, cada 20 de mayo cientos de miles de personas marchan por la avenida 18 de julio de la ciudad de Montevideo en recuerdo de los 197 desaparecidos de la última dictadura, en una de las movilizaciones de mayor convocatoria en la capital uruguaya y en todo el país.
Tampoco lo es el propio 27 de junio, día del golpe, y ni siquiera el 1 de marzo, fecha en la que volvió la democracia, en 1985, y en la que asumen los presidentes electos.
Las personas que sí reclaman justicia por los hechos acontecidos y su recuerdo, se enarbolan detrás del grito del «Nunca más» y la pregunta: «¿Dónde están?».
«Uno siente que, a veces, la sociedad tiene un poco más de preocupación. La sociedad civil, los 20 de mayo, las marchas que se hacen por esta causa son multitudinarias, y se van sumando jóvenes, pero también existen resistencias, y la otra versión de la historia -que a veces llega por medios de comunicación masivos- genera dudas, pero creo que nuestra sociedad tiene pleno convencimiento de que la dictadura violó, secuestró, torturó (y) desapareció gente», afirma la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, en diálogo con esta agencia.
La otra versión a la que alude la parlamentaria puede resumirse en un sentimiento, el de «pasar página».
Todavía muchos en Uruguay, en vez de reconocer abiertamente el terrorismo de Estado, hablan de «excesos» o «desvíos» de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de una «guerra» contra la guerrilla y en «defensa de las instituciones». Uno de ellos es el excomandante en jefe del Ejército, y actual senador, Guido Manini Ríos, y la fuerza política que encabeza, Cabildo Abierto (derecha), que representa a la «familia militar».
Otros sectores políticos, en los hechos, interpretan el pasado reciente en el marco de la denominada «teoría de los dos demonios», que concibe los sucesos previos y durante la dictadura como parte de una guerra interna y por tanto da a entender que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas son equiparables en cierta medida con los actos de violencia y asesinatos de la guerrilla tupamara.
Organizaciones de derechos humanos y de izquierda rechazan esta postura señalando que la represión se dio de forma sistemática por parte del Estado, incluyendo delitos de lesa humanidad, y que tuvo también como víctimas a muchas personas ajenas a organizaciones armadas.
Duelo pendiente
Para Mariano Portugau, militante de la organización Jóvenes por la Memoria y estudiante de la Facultad de Humanidades, la sociedad uruguaya aún se debe «un duelo» y también enfrentar el «discurso negacionista» que impulsan algunos legisladores y sectores de la población.
«Yo creo que hay un trabajo para hacer, que lo tiene que hacer cada uno y lo tenemos que hacer como sociedad, desde la educación, desde la familia, desde todos los lugares posibles. Pero también el cambio empieza por uno. Creo que está en el deber de cada ciudadano uruguayo el informarse y el indagar en lo que cada uno sienta que tiene que indagar», dijo a la Agencia Sputnik el joven de 19 años.
Mirando la otra costa pueden divisarse muchos elementos que ayudaron a impulsar el debate en Argentina, aún difusos en Uruguay, como un mayor involucramiento de figuras del arte, fechas dedicadas al ejercicio de la memoria, mayor apuntalamiento de sitios característicos de aquel horror y, sobre todo, voluntad política de aquellos dirigentes que son elegidos por el pueblo, como en toda democracia. (Sputnik)
