Londres, 3 Jul. (EUROPA PRESS) – Militares del Servicio Aéreo Especial (SAS), fuerzas especiales británicas, habrían ejecutado sumariamente a 80 civiles afganos entre 2010 y 2013, según han asegurado los abogados que representan a las familias de las víctimas en el marco de una investigación abierta por las autoridades británicas.
Uno de los soldados habría «matado personalmente» a 35 afganos en solo seis meses de servicio en el marco de una política de acabar con «todos los hombres en edad de combatir» en las viviendas en las que irrumpían, «independientemente de la amenaza que supusieran», según la denuncia.
Muchos de estos afganos eran asesinados tras encontrarse armas y después de ser separados de su familia, pero en cinco incidentes el número de muertos superaba la cifra de armas halladas, según recoge el diario británico ‘The Guardian’.
Estas acusaciones están incluidas en una denuncia elaborada por el bufete Leigh Day basándose en información recientemente publicada por el Ministerio de Defensa británica y será tenida en cuenta en una nueva investigación abierta sobre presuntos crímenes de guerra perpetrados por militares del SAS en Afganistán.
Las propias comunicaciones de altos mandos británicos reconocen en correos electrónicos que «parece existir un desprecio por la vida» pese a lo cual una revisión interna de la conducta realizada en 2011 no propició ningún cambio práctico ni una reducción de las muertes.
Entre junio de 2011 y mayo de 2013 hubo 25 muertes sospechosas, según el bufete, incluido un caso en el que murieron 4 o 5 afganos en una operación en la que solo se halló una granada. El incidente fue de tal violencia que dos menores afganos «tuvieron que ser evacuados urgentemente para recibir tratamiento médico».
Los militares del SAS realizaban rutinariamente incursiones nocturnas en viviendas de familias afganas en busca de milicianos talibán en la provincia de Helmand, donde estuvieron hasta 2014, en las que hay «un patrón generalizado y sistemático de ejecuciones extrajudiciales».
Además, los abogados denuncian que en los años siguientes hubo un «encubrimiento amplio, a varios niveles y durante años» que implica a altos cargos, oficiales y varias investigaciones abiertas. De hecho, la Policía Militar ordenó al mando del SAS no borrar información relacionada pese a lo cual «en contra de esa orden directa» fueron borrados «permanentemente» una «cantidad desconocida de datos».
Entre 2010 y 2013 hubo «al menos 30 incidentes sospechosos en los que murieron al menos 80 individuos», según Leigh Day, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de investigación pública al respecto si exceptuamos una investigación interna del Ministerio de Defensa que se cerró en 2019 alegando que no había pruebas de actos punibles.
En diciembre se abrió una causa judicial liderada por el juez lord Haddon-Cave tras la publicación de varios reportajes sobre casos de muertes de civiles en operaciones militares británicas.
Un portavoz del Ministerio de Defensa ha respondido a ‘The Guardian’ que «no es apropiado que el Ministerio de Defensa comente casos que son objeto de una investigación estatutaria y será el equipo de investigación liderado por el juez lord Haddon-Cave el que decida qué acusaciones se investigan».
