Ciudad de México, 26 jul (Sputnik).- El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI – CIDH) que investigó la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio Ayotzinapa, en Guerrero (sur), señaló en su informe final que el Estado mexicano, incluida las Fuerzas Armadas, ocultó información sobre el crimen.
«Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado», reza el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que redujo su composición de cinco a dos integrantes en su fase final.
Carlos Beristain y Ángela Buitrago entregaron su último informe, sin lograr esclarecer el paradero final y la suerte de los 43 alumnos, de los cuales solo fueron identificados los restos de tres con pruebas genéticas en restos óseos.
Las víctimas viajaba en cinco autobuses la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados a balazos por patrullas policiacas de cinco municipios en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La principal conclusión apunta a que el operativo fue conocido por «altas instancias del Estado como parte del crimen organizado», que participó en la desaparición de los estudiantes.
Por ejemplo, la Marina Armada «realizó un operativo de inteligencia de carácter reservado» desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas «con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros», señala el documento.
El informe se basa en un extenso expediente procedente de un análisis de 500 llamadas telefónicas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos.
Logros de la misión internacional
El reporte final contiene nuevas pruebas para sostener la participación delas Fuerzas Armadas en la desaparición de los jóvenes y el ocultamiento del crimen.
La conclusión se basa en «operativos clandestinos» que pudieron incluir presuntas ejecuciones extrajudiciales, y señala que continuar las investigaciones se volvió imposible.
Beristain expresó que «se hace imposible continuar (…) el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad».
Añadió que esa circunstancia para los investigadores independientes presenta el «riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta».
EL GIEI reconoce, no obstante, que durante esta administración hubo un compromiso para esclarecer el caso de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo colocó entre sus 100 promesas de campaña.
Los expertos pidieron investigar dos ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones de supuestos delincuentes.
El documento contiene una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en detenciones de la Marina, informes oficiales de dos muertes sin explicar, e imágenes de otros detenidos vivos interrogados, que no fueron entregados a la fiscalía y su paradero es desconocido, según un testigo protegido.
La manipulación de pruebas fue decisiva clave para ocultar la tragedia con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y delincuentes del crimen organizado.
El móvil permanece sin esclarecerse pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína de un cártel que operaba en colusión con autoridades y militares, que habría embarcado droga en un autobús ocupado por los alumnos, según autoridades estadounidenses que colaboraron en el caso.
A finales de septiembre de 2014, los estudiantes ocuparon los cinco autobuses para viajar a la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco, perpetrada por militares el 12 de octubre de 1968, desde la escuela de Ayotzinapa a la Ciudad de México, pero fueron emboscados en Iguala, a 200 kilómetros de la capital del país. (Sputnik)
