Lima, 9 ago (Prensa Latina) Una nueva investigación por lavado de activos fue abierta a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, por manejo de fondos encubiertos para denunciar un supuesto fraude electoral, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Perú.
El reporte precisa que el fiscal a cargo de las pesquisas a Fujimori, José Pérez, amplió estas al incluir una indagación por la captación, transferencia y ocultamiento de dinero no declarado, para promover su denuncia, de un fraude en la segunda vuelta presidencial de 2021, cuando fue derrotada por Pedro Castillo.
La campaña apuntaba a anular la elección y fracasó porque el Jurado Nacional de Elecciones determinó que no tenían pruebas y veedores extranjeros validaron la limpieza de los comicios.
La campaña se enfiló contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, y los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuyo retiro pretenden Fuerza Popular (FP) y otros partidos afines.
El fiscal Pérez, según las fuentes consultadas, interrogará por el nuevo caso a Keiko Fujimori, al secretario general de FP, Luis Galarreta, y el vocero político de la organización, Miguel Torres, los más cercanos colaboradores de la dirigente; así como también a las excogresistas de FP Milagros Takayama y la contadora del partido, Lindman Miranda.
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y, la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país”, dice la acusación del fiscal.
De esa manera, añade, FP logró recaudar cerca de dos millones de soles (más de 830 mil dólares) en efectivo y en especies entre el 13 de marzo y el 30 de julio de 2021.
Los recursos recibidos, según el fiscal, solventaron viajes, hospedajes, viáticos, pagos de abogados, publicidad en medios de prensa, entre otros gastos.
Señala la posible existencia del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, pues FP no tiene cuentas bancarias ni libros contables desde 2020.
La mayor parte del dinero sirvió para pagar las tasas de ley para presentar numerosas apelaciones contra los resultados electorales, desestimadas por falta de sustento.
