Ciudad de Panamá, 2 sep (Prensa Latina) Dirigentes de organizaciones sindicales y populares deciden hoy nuevas acciones luego de una semana que cierra marcada por protestas contra el contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá.
Las manifestaciones se mantienen frente a los debates del texto en el seno de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (parlamento), en la que oradores de la sociedad civil conminan a los diputados a rechazar ese pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum para la explotación de cobre.
Durante las deliberaciones, una de la voces que instó a repudiar el texto fue la candidata presidencial independiente hacia comicios de 2024, Maribel Gordón, quien recordó que en 2017 el pacto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido la también economista dijo que, por el deber elemental de defender los intereses nacionales, los parlamentarios deberían votar en contra de un contrato lesivo a la carta magna.
Advierto que no reconoceré además un contrato que atenta contra la vida de los panameños y la biodiversidad de ese territorio enclavado en el Corredor Biológico Mesoamericano, remarcó.
La académica también instó al Estado a no temerle a demandas internacionales que podría impulsar la compañía que opera la minería a cielo abierto en la región de Donoso (Colón) y por el contrario demandarle por lesionar los intereses nacionales.
En otra parte de su comparecencia, Gordón denunció que al procedimiento legal sobre la firma de este contrato se ha trastocado, pues no estuvo antecedido por una verdadera consulta ciudadana, en la que la población opinara y decidiera si conviene o no este pacto.
Ahora la Asamblea Nacional no tiene competencia ni siquiera para cambiar una coma del texto, pese a demandas sobre sus afectaciones al ambiente, la salud, el desarrollo y la vida, aclaró.
Además, rechazó prerrogativas otorgadas a la compañía en ese texto que la colocan por encima de los derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo, lo cual hace que se imponga al país un enclave minero, que solo defiende los intereses de la empresa y sus extraordinarias ganancias.
Para el próximo martes los colectivos sociales y ambientalistas convocaron a una marcha nacional que llegará hasta las inmediaciones del Legislativo para demandar que los diputados rechacen el contrato minero.
Al respecto, uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Marcos Andrade, ratificó a Prensa Latina que serán permanentes las manifestaciones en las calles en rechazo a ese texto que viola la soberanía nacional y atenta contra la naturaleza.
El también secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente denunció que el pacto involucra concesiones a empresas extranjeras y afectaciones no solo en la zona donde está ubicada la mina de cobre, sino que compromete casi la mitad del territorio nacional, con el consiguiente saqueo de los recursos naturales.
