Ciudad de Panamá, 9 sep (Prensa Latina) Protestas populares contra el contrato suscrito por el Gobierno y Minera Panamá y el inicio de severas medidas para contener la migración irregular signaron la semana que concluye hoy.
Sobre el pacto entre el Ejecutivo y la filial de la transnacional canadiense First Quantum, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso del istmo se sumaron a las voces de rechazo y exhortaron a las autoridades locales a declarar una moratoria a la minería metálica y entrar a dialogar el futuro sostenible del país.
En un comunicado esas agrupaciones señalaron que la tierra no puede pertenecer a una persona o a un grupo para solamente sus intereses económicos, sin considerar el bien común de la comunidad humana.
De otra parte, en los últimos siete días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso por desacato del Gobierno en torno al contrato suscrito con la compañía que extrae cobre en la localidad de Donoso (Colón), presentado por organizaciones sociales, cuyos lideres decidirán este sábado nuevas acciones de condena.
La delegación que entregó el documento estuvo encabezada por la candidata presidencial independiente hacia comicios generales de 2024, la economista Maribel Gordón, y la integraron varios abogados y lideres populares, que rechazan que la minera opera a pesar de que el pacto fue declarado inconstitucional por la CSJ en 2017.
También en la semana, el Servicio Nacional de Migración (SNM) decretó severas medidas para contener los crecientes flujos irregulares, cuya cifra podría llegar al medio de millón de personas al cierre de este año, de mantenerse la actual tendencia.
En conferencia de prensa, la titular de esa institución, Samira Gozaine, indicó que con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) duplicarán o triplicarán las deportaciones y expulsiones de ciudadanos ilegales o con antecedentes penales.
Ante la escalada de caminantes que llegan por la selva de Darién, en la frontera con Colombia, con rumbo a Estados Unidos, hasta la fecha más de 350 mil personas en lo que va de año, dijo que también esperan con el apoyo del Gobierno contratar vuelos chárter para ampliar las deportaciones y expulsiones.
Gozaine indicó que de junio a la fecha han deportado y expulsado a 452 extranjeros, entre ellos 157 colombianos, en un operativo denominado Escudo, dirigido a enfrentar a traficantes de personas, y decomisar armas y drogas que operan en Darién.
Otra de las acciones frente al auge de los tránsitos ilegales y el impacto que tienen en las comunidades indígenas receptoras y el medio ambiente, para proteger a esas poblaciones, es que removerán los puntos de control sobre todo en las localidades de Bajo Chiquito y Canán Membrillo, provincia de Darién y construirán infraestructuras para atender a los migrantes.
Además confirmó que se redujo el tiempo de turismo de 90 a 15 días de estadía para viajeros que entran por aeropuertos, utilizando vías formales, decisión que ventilarán en entrevistas con oficiales de migración en esas terminales aéreas, y pagarán multas los que sobrepasen ese lapso.
