Ciudad de Guatemala, 13 sep (Prensa Latina) Diferentes sectores de Guatemala suman hoy su condena a las nuevas acciones promovidas por la fiscal general Consuelo Porras y varios de sus funcionarios, que califican de inauditas e inéditas.
La Fundación para el Desarrollo del país (Fundesa) remarcó que el artículo 243 de la Ley de Partidos Políticos es claro en fijar la verificación y calificación de la documentación como función exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Organizaciones no gubernamentales aquí afirmaron que la apertura de cajas con las papeletas de votaciones constituye una acción sin precedentes que viola la Ley.
Tal ejecutoria sin normas que faculten al Ministerio Público (MP) a abrirlas, pues el escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de Votos, subrayaron.
Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) -señalaron- vulneran a 4,2 millones de guatemaltecas y guatemaltecos que expresaron su voluntad en las urnas en la segunda vuelta electoral.
Llamaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que dentro de sus facultades defienda la vigencia de la Constitución.
Grupos de la sociedad civil integrantes de la Alianza para la Reforma consideraron que es momento de que ese alto tribunal demuestre que está del lado de la democracia y del pueblo.
La ciudadanía ya está harta de verse sometida a la incertidumbre generada por esta serie de acciones judiciales espurias que buscan minar la decisión soberana expresada en las urnas, aseveraron.
Para la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT, los operativos del MP de la víspera a través de la FECI son una muestra más de los intentos por desacreditar las elecciones.
En vista de tal escenario, el TSE presentó anoche una acción de amparo ante la CC por los allanamientos, algo que había sugerido antes el expresidente del Colegio de Abogados Ovidio Orellana.
El presidente electo de la nación, Bernardo Arévalo, denunció la nueva escalada del golpe de Estado promovida por Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchihe, y el fiscal Freddy Orellana.
Les exigió la renuncia inmediata de sus cargos y los exhortó a “que cesen este asalto a la Constitución de la República y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas”.
A juicio de Arévalo, solo la salida de estos permitirá garantizar el orden legal del país.
Por los hechos acontecidos, informó al mandatario nacional, Alejandro Giammattei, la suspensión temporal de la participación de su equipo en el proceso administrativo de transición.
