El 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña y se hace una manifestación para conmemorar que en 1714 Cataluña perdió, a sangre y fuego, su libertad y se convirtió en un territorio, sin derechos, conquistado por Castilla.
Y, especialmente desde 2010, ya con cierta democracia, al comprobar que, dentro de España, no hay forma de vivir como Cataluña desea, la movilización se convirtió en una gran reivindicación por la independencia de Cataluña.
Durante 13 años, hemos sido el movimiento político que más gente ha congregado en las calles de toda Europa. Este año en Barcelona, unas 800,000 personas exigimos la independencia de Cataluña.
Y simultáneamente, la coyuntura histórica hace que el presidente interino de España, Pedro Sánchez, para ser investido presidente del país, necesita los votos de Junts, el partido del 130º Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que se tuvo que exiliar en Bélgica porque ha sido perseguido desde que se celebró el referéndum de autodeterminación de 2017.
Pero Puigdemont no ha resistido en el exilio para, ahora que lo necesitan, acceder a un pacto de investidura. En lugar de eso, el 5 de septiembre, dio una conferencia en Bruselas, con periodistas de 64 países, donde planteó la necesidad de un acuerdo histórico para resolver democráticamente el conflicto entre Cataluña y España.
Afirmó que no había condiciones para la negociación, pero que el gobierno español debería proporcionar unos mínimos requisitos previos para poder comenzar la negociación: Reconocer la legitimidad del movimiento independentista catalán, dejar de perseguir este movimiento pacífico como si fuera una amenaza terrorista, aprobar una amnistía para todos los represaliados (aproximadamente 1.500) y permitir un mediador (neutral, es decir, internacional) para monitorear las negociaciones.
Parece que Pedro Sánchez podría aceptar una amnistía para las víctimas catalanas víctimas de represalias y para los agentes de policía agresores, con la justificación de abandonar la represión y poder cerrar el conflicto.
Pero el conflicto no terminará con el fin de su represión, sino que será necesario abordar la raíz del conflicto: que el pueblo catalán tiene derecho a ejercer la autodeterminación.
En realidad, la verdadera justificación (que no se quiere aceptar) es que se debería amnistiar porque ha habido una acción fraudulenta de la Justicia contra los independentistas y hay que anular los efectos de estos daños.
Pero Sánchez lo tendrá difícil para que la sociedad española acepte la amnistía a los miembros de este movimiento después de haber hecho una construcción mediática que los tildaba de «golpistas», «delincuentes», «terroristas», «racistas»… Pero la verdadera motivación oculta de la amnistía es limpiar el expediente jurídico de España antes de que se emita la sentencia de la Corte de Justicia de la UE se prevé demoledora para España.
Es por eso que en la manifestación nadie reclamó la amnistía, ni ningún pacto de investidura de Sánchez, sino que el grito unánime fue por la independencia. Y esta es la demanda de Puigdemont: se necesitan cuatro condiciones previas, pero la negociación debe ser sobre la autodeterminación.
Y Sánchez se resiste por completo a entrar en este debate con la excusa de que la Constitución no lo permite (lo cual es falso). Pide ser invertido, pero no quiere dar nada que sea central para el nacionalismo español.
Entonces, si Sánchez no se erige como un verdadero estadista que sabe cómo llevar a España a una negociación en la que renuncian al uso de la fuerza violenta y solo cuenta la fuerza de la democracia, creo que nos dirigimos hacia las sextas elecciones en ocho años (normalmente hubieran tocado dos) y una desestabilización de España como no se ha visto hasta ahora.
(*) Jordi O. Folch es ciudadano Catalán
