Ciudad de Panamá, 15 sep (Prensa Latina) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó un escrito de advertencia de inconstitucionalidad presentado por la defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), sentenciado en un juicio por blanqueo de capitales.
Los representantes del exmandatario cuestionaron el artículo 254 del Código Judicial cuando este fue juzgado en julio pasado por el caso New Business y condenado a 10 años de prisión, sentencia aún por confirmarse.
La sentencia a Martinelli y otros cuatro imputados en la compra del emporio de medios informativos (Panamá América, Día a Día y Crítica) también ordenó la disolución de dos sociedades y el decomiso de las acciones de la Editora Panamá América S.A (Epasa) a favor del Estado.
Además, el multimillonario deberá pagar una multa de 19,2 millones de dólares, según el fallo de la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso.
Para algunos expertos, al ser una sentencia de primera instancia, puede ser recurrente ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y ante la Sala Penal de la CSJ.
Lo que sí queda más claro es que el 31 de octubre próximo es fecha clave en el calendario electoral, pues hasta ese día, los partidos políticos podrán hacer sus últimas postulaciones en papel (por la vía electrónica, el cierre es a las 23:59 hora local del 29 de octubre).
Si la sentencia contra Martinelli- candidato presidencial por Realizando Metas- está ejecutoriada antes de esa fecha, el Tribunal Electoral (TE) no debe recibir la postulación del exmandatario a la consulta del 2024, pero de no darse el caso, podría aceptarla.
Si posteriormente (después del 31 de octubre) la sentencia queda en firme y, por tanto, el condenado queda inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, su compañero de nómina (que es el postulado a vicepresidente) quedará como candidato principal.
La vista por el caso New Business se basó en la apertura de causa criminal el 9 de diciembre de 2022 por la jueza Marquínez.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
De acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
Para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, según la Fiscalía, que afirma que Martinelli contactó a contratistas, aportó dinero y resultó «beneficiario» al poseer el 60 por ciento de las acciones.
