San José, 19 sep (Elpaís.cr).- Los usuarios aglutinados en el Bloque de Vivienda denuncian que en solo un año (2022-2023) más de 3.000 familias pobres han perdido su derecho a una vida mejor bajo un techo digno, al ser cercenado el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
Eso se debe a los recortes que el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les han aplicado a los recursos del BANHVI. Las familias pobres tienen derecho a protestar, a reclamar, sostiene el Bloque.
En un documento, los dineros con que el BANHVI financia sus programas de bonos no son del gobierno, sino que cada empresario aporta, a través de un impuesto específico, el 5% del valor total de las planillas de sus empleados que reporta cada mes a la CCSS.
Esta institución recoge ese dinero y lo deposita en una cuenta especial que tiene FODESAF en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la Ley 7052, durante los últimos 37 años ese Ministerio ha girado en doceavos lo que le corresponde al BANHVI, esto es el 18.07 % del total que le ingresa anualmente a FODESAF (Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares).
De forma arbitraria y absolutamente insensible a las necesidades de miles de familias pobres y de forma totalmente ilegal, el pasado gobierno de Carlos Alvarado inició los recortes al BANHVI acudiendo a la regla fiscal. En su gobierno Alvarado les quitó a las familias pobres más de 6.000 viviendas, sostiene.
Denuncia también que lo mismo está haciendo ahora el gobierno de Rodrigo Chaves, solo que esta vez, para el Presupuesto Ordinario 2024, pretende recortarle al BANHVI nada menos que ¢30.000 mil millones.
En esta ocasión el presidente no puede justificar sus recortes con la regla fiscal, pues desde al año pasado la Procuraduría General de la República mediante oficio PGR-150-julio 2022, ha aclarado con contundencia que la regla fiscal no puede ser aplicada a los recursos del bono de la vivienda.
Ante esta situación, el Bloque de la Vivienda le ha consultado al Ministerio de Hacienda cuáles son las razones con las que justifican semejante ataque a las ya deterioradas condiciones de las familias más obreras. No hubo respuesta del Ministerio de Hacienda.
Si el gobierno le cobra un 5% de impuesto a los empresarios para financiar los programas de vivienda social del BANHVI, ese dinero debe de ingresar al BANHVI, como destino específico que es y como lo establece una ley, la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. Es ilegal que el gobierno le cambie el destino a esos recursos.
Bajo la anterior premisa, las familias pobres que están siendo afectadas en su condición de vida tienen todo el derecho a ejercer las presiones y denuncias que consideran convenientes.
El Bloque de Vivienda destaca su apoyo a las familias que hoy se movilizan, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones.
Asimismo, concluye, «hacemos un llamado vehemente a los diputados y diputadas para que no aprueben el Presupuesto Ordinario 2024 tal y como lo ha presentado el gobierno y eviten así este nuevo recorte de los 30.000 millones al BANHVI».
