San José, 21 sep (Elpaís.cr).- Con el fin de fortalecer la protección del ambiente frente a organizaciones criminales que buscan dañarlo, la Fracción del Frente Amplio presentó el proyecto de ley que reforma varias leyes y duplica las penas de cárcel por delitos contra el patrimonio natural (Expediente #23.952).
De acuerdo con el FA, en Costa Rica operan en la actualidad verdaderas redes de crimen organizado, como las dedicadas a la tala ilegal para la extracción de madera, o al tráfico de especies de flora y fauna en peligro de extinción, esta última una de las actividades ilícitas más rentables a nivel mundial.
Hoy, más del 95% de los delitos tipificados en la legislación existente se sancionan con el pago de multas o con penas de cárcel cuyo máximo es igual o menor a tres años, lo que hace más difícil sentar precedentes para evitar o disminuir crímenes similares en el futuro.
“La gran mayoría de los delitos ambientales no se consideran delitos graves, lo que genera una imposibilidad de aplicar a estos crímenes las herramientas existentes en la ley para perseguir a la delincuencia organizada y castigarla”, alertó el diputado Ariel Robles.
El objetivo principal del proyecto presentado hoy es permitir la aplicación de las herramientas contempladas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, tales como la ampliación de los plazos de investigación y la posibilidad de realizar intervenciones de las comunicaciones y segundo, equiparar las condenas por delitos ambientales a esa ley, al incluir el agravante de ser realizadas por organizaciones criminales.
El proyecto de ley incluye adiciones en artículos puntuales de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Pesca y Acuicultura y de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.
Es así que en las tres legislaciones se aumenta, por el agravante de ser crimen organizado, en un 50% las penas de prisión cuando:
“…esas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos.”
De esta forma, los delitos ambientales serán considerados dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece que “delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.”
El legislador frenteamplista recordó que, aprobar este proyecto de ley, dotará a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y a las demás autoridades de las herramientas jurídicas necesarias para investigar estas conductas ilícitas cuando son cometidas por redes de crimen organizado y castigarlas con penas mayores.
