San Salvador, 27 sep (Prensa Latina) Pese al arresto de más de 72 mil pandilleros en El Salvador, de ellos mil 230 cabecillas, surgen hoy nuevas interrogantes sobre si aún quedan miles para seguir con sus actividades.
El hecho de que solo mil 230 son cabecillas, de diverso nivel, de las pandillas MS-13 y las dos facciones de la 18 están entre los presos, llama la atención y hace recordar relaciones de estos grupos años atrás con terroristas del frente Al-Nusra y el llamado Estado Islámico, cuyas técnicas de ocultamiento pudieran ser parte de las utilizadas por las llamadas maras.
La publicación de un artículo de Insight Crime aunque no aborda exactamente este aspecto hace suponer que muchas clicas permanecen “dormidas” en El Salvador o variaron su forma de operar en espera de mejores oportunidades.
Mantener o no el régimen de excepción para eliminar el flagelo de las pandillas es una interrogante creciente y que provoca diversas interpretaciones, estiman analistas al valorar su enfrentamiento y la necesidad de mantener la supresión de garantías constitucionales.
La medida suspende varias que afectan el debido proceso pero es algo que presuntamente permitió atajar un problema que fue incontrolable por muchos años y que amenazó vidas y haciendas, estiman comentaristas internacionales y locales.
El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, reiteró que es necesario continuar el régimen de excepción para enfrentar a las pandillas.
“Nosotros les decimos que si es necesario continuar el régimen de excepción a las personas que dicen que no, todavía las pandillas quieren enfrentarse con la autoridad”, dijo la víspera durante una entrevista en el programa Dialogo 21.
La aproximación al tema de la publicación InSight Crime citó informes policiales sobre los buenos resultados alcanzados pero, sin embargo, muestran que el flagelo aun está presente en el país, por lo que en cierta medida justifica se mantenga la política gubernamental.
Esos documentos revelan que, aunque “debilitadas” tras año y medio de régimen de excepción, las tres principales pandillas que operan aquí todavía son “una amenaza sutil”.
La Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Sureños y el Barrio 18 Revolucionarios conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales, ahora enfrentados a cercos militares como el desplegado en municipios como Cabañas.
También permanecen en libertad casi 43 mil personas perfiladas como pandilleros, en tres categorías: miembros activos (homeboys), aspirantes a serlo (chequeos) y lo que llaman “colaboradores”, una designación amplia de los supuestos operadores y ayudantes de esos grupos.
Los informes policiales detallan con precisión la situación de las pandillas y la posibilidad de que hayan decidido no llevar a cabo una respuesta violenta, algo que sin dudas los llevaría a su eliminación dado el sofisticado aparato de enfrentamiento, tanto en logística como en estrategia desplegado por el gobierno en los últimos años.
La medida, régimen de excepción, supuso el encarcelamiento de más de 72 mil personas, de las que más de siete mil fueron ya liberadas tras comprobarse que resultaron detenciones arbitrarias, después de semanas o meses privados de libertad.
El más reciente de los informes en manos de InSight Crime, fechado 1 de septiembre de 2023, cifra en 54 los grupos armados de pandilleros que siguen activos, denota el informe periodístico.
A dos meses de iniciado el régimen, en junio de 2022, la PNC tenía monitoreadas 95 células (clicas, en argot pandillero) con suficiente armamento, incluidos lanzacohetes y fusiles de asalto, como para ser consideradas “grupos armados”.
En febrero de 2023, este número había bajado a 75 y en mayo disminuyó a 67. Pero todavía quedan 54 en septiembre, lo que sin dudas es un argumento convincente, según observadores, para mantener la política y la supresión de algunos derechos constitucionales.
Esta situación evidencia que las pandillas aun pueden renacer en el país si las autoridades bajan la guardia y es probable que el régimen de excepción, prorrogado 18 veces, se mantenga por mucho tiempo, pese a denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos.
