Ciudad de Guatemala, 28 Sep. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha denunciado que las medidas puestas en marcha por la Fiscalía contra ocho de sus jueces forma parte de un «juicio político» en su contra y ha defendido la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y su uso en las elecciones del pasado mes de junio.
Los jueces acusados han señalado que las acusaciones vertidas por la Fiscalía son «de carácter administrativo» y que no están relacionadas con las elecciones que dieron la victoria al presidente electo, Bernardo Arévalo, al tiempo que han acusado a los fiscales de tratar de «confundir a la población».
«Esta acción que se plantea no tienen ninguna incidencia en los resultados electorales, también entendemos que los supuestos delitos en los que se basa esta solicitud se refieren a abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude, pero hay que aclarar a la población que este fraude nada tiene que ver con las elecciones, esto se refiere a un tema de ejecución de fondos públicos», ha dicho el juez Gabriel Aguilera, según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
Por su parte, la presidenta del TSE, Irma Palencia, ha indicado que se están analizando qué medidas tomar ante la solicitud de retirada de la inmunidad de los jueces y ha criticado la medida. Además, ha dicho estar al corriente de que hay otras cuatro denuncias en curso, que podrían conllevar la retirada de esta inmunidad.
«Tenemos conocimiento que hay otras cuatro denuncias, nosotros solo hemos sido notificados de las dos que ya son antejuicio; sin embargo, como ha habido tanta solicitud o requerimiento del Ministerio Público, nos preocupa y nos causa incertidumbre», ha dicho Palencia.
Sobre la compra del sistema Trep, ha matizado que la ley «les faculta para hacer estos procedimientos de compra» y ha detallado que en su momento se inclinaron por la empresa que vendió el producto a mayor precio porque era la que ofrecía «mejores garantías».
En este sentido, ha rechazado otras acusaciones de la Fiscalía y ha recordado que el TSE no es el encargado de supervisar los comicios y ha recalcado que estos procedimientos legales «consumen tiempo» y afectan al calendario electoral.
«Como máxima autoridad en materia electoral, el TSE reafirma que se cumplió de manera estricta con toda la normativa vigente aplicable en la adquisición del programa informático del Trep, su implementación y la logística requerida para su correcto funcionamiento. Se aplicaron los principios de publicidad y de transparencia, tal como se demostró en los simulacros efectuados previamente a la primera y segunda vuelta electoral», ha defendido el propio TSE en un comunicado en el que ha afirmado que «no existen irregularidades» al respecto.
El miércoles, la Fiscalía solicitó la retirada de la inmunidad de estos jueces, a los que acusa de un posible delito de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de la autoridad a la hora de comprar este sistema.
En este sentido, ha pedido la retirada de la inmunidad alegando que «es únicamente a través de la investigación objetiva e imparcial que se puede establecer si existe la comisión de hechos delictivos y lograr la averiguación de la verdad».
