Ciudad de Guatemala, 4 oct (Sputnik).- El Gobierno de Guatemala se pronunció este miércoles contra un paro nacional de los pueblos originarios en defensa de la democracia y advirtió que deducirá responsabilidad si ocurren fallecimientos por carencia de asistencia médica provocada por los bloqueos de carretera, según un comunicado firmado por el presidente, Alejandro Giammatei.
«El derecho constitucional a la manifestación pacífica no debe de atentar contra la integridad, el derecho a la vida ni en la libre locomoción de los guatemaltecos», advirtió el mandatario en lo que fue su primer pronunciamiento en torno a las protestas, iniciadas el lunes pasado.
El escrito de tres párrafos agregó que «estos derechos están siendo vulnerados con medidas de hecho que privan a la (población, la palabra está omitida en el texto) de derechos elementales como acceso a la salud, obligando en algunos casos a exponer la vida de personas que necesitan acceder a atención médica de manera prioritaria al quedar varadas en las carreteras».
El paro fue convocado el sábado 30 de septiembre por las organizaciones indígenas luego que agentes del Ministerio Público allanaran por cuarta ocasión la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y decomisaran los documentos originales con los resultados de las elecciones del 25 de junio último.
La acción generó numerosas expresiones de rechazo, incluso de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, que señalan que viola la ley electoral de Guatemala, que establece que toda la documentación de los comicios solo puede ser resguardada por el TSE.
La protesta fue iniciada la madrugada del lunes por las autoridades ancestrales de los 48 cantones del departamento Totonicapán (suroeste), una de las expresiones históricas de las luchas de los pueblos mayas, y paulatinamente se extendió al resto del país.
En su comunicado, Giammattei asegura que en caso de ocurrir fallecimientos por causa de los bloqueos carreteros, «toda responsabilidad recae en quienes tomen estas medidas de hecho».
«De registrar pérdidas de vidas humanas por falta de acceso a centros asistenciales o debido a la carencia de médicos disponibles en centros de salud por imposibilitarse su movilización al quedar varados en puntos de bloqueos se deducirán las responsabilidades correspondientes», advierte.
La dirigencia de las organizaciones indígenas aún no ha reaccionado formalmente sobre el comunicado del Gobierno, pero sí han censurado el silencio de Giammattei sobre las acciones del MP contra el TSE, las cuales consideran un atentado a la democracia y un intento de golpe de Estado.
Tras presentar un informe sobre logros de su gestión, que termina el próximo 14 de enero, Giammattei criticó por primera vez las protestas y el respaldo a estas del presidente electo, Bernardo Arévalo, y dijo que «no es forma de gobernar llamando a la gente a protestar e incitando a la violencia».
En su primer reporte de este miércoles, la Dirección de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó esta mañana de 15 puntos con bloqueos carreteros en Guatemala.
Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal especial Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes acusan de ser los principales promotores del intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones.
El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Haroldo Pacheco, afirmó ayer (por el martes) que de lograrse esos objetivos, los bloqueos terminarán de inmediato. «Y si no, pues, permaneceremos lo necesario», susbrayó.
No hay informes hasta el momento de acercamientos entre las autoridades y los manifestantes para buscarle una solución a la crisis. (Sputnik)
