Ciudad de Panamá, 18 oct (Prensa Latina) La Alianza Pueblo Unido por la Vida anunció hoy que desde mañana comenzarán cierres viales para rechazar el contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá, cuyo texto aprobó el Legislativo.
Las movilizaciones tendrán lugar luego de que esta tarde la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobara ese pacto en primer debate.
Los bloqueos serán escalonados desde las 07:00, hora local, y durante toda la jornada del jueves en diversos puntos que no revelaron para dar la sorpresa, según dijeron voceros de esos colectivos a la prensa acreditada.
El profesor Fernando Ábrego precisó que también mañana las organizaciones marcharán hacia el Legislativo desde el parque Belisario Porras, en esta capital, para rechazar ese pacto leonino.
La tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Parlamento, se registraron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y los agentes antimotines, que cercaron el inmueble.
Para las agrupaciones populares y ambientalistas, el Ejecutivo se distancia e incumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2017 declaró inconstitucional el contrato con la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM), la cual continúa extrayendo cobre en la localidad de Donoso (Colón) y ocasionando severos daños a la naturaleza.
Líderes de la Alianza como Marco Andrade, Saúl Méndez y Jorge Guzmán precisaron a Prensa Latina que antes entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que explican las razones del amplio rechazo al convenio con FQM, lesivo a la soberanía.
En ese texto se señala que el pacto nace con un pecado original, expuesto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia hace cinco años, por realizar contratación directa a una empresa extranjera sin el debido proceso de licitación, lo que ahora reiteran y quieren imponer al pueblo.
Asimismo, fustiga la maniobra del Ejecutivo al introducir modificaciones al documento, luego de un proceso de consulta ciudadana que realizó el Legislativo bajo la presión del pueblo en las calles, que se vio obligado a devolverlo, violando sus propias normas cuando debería rechazarlo o aprobarlo.
Las enmiendas en apenas cuatro puntos, según la Alianza, son simples y no cambian la esencia de un contrato de concesión que permite el robo de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente, la salud humana y las comunidades aledañas a la mayor mina de cobre de Centroamérica.
Por su parte, Méndez adelantó que ante el camino de la confrontación por el que apuestan los gobernantes y diputados, las organizaciones sabrán derrotar el contrato minero en las calles.
En julio de 2022, una situación similar vivió Panamá con huelgas de comunidades y organizaciones sociales, así como prolongados bloqueos de carreteras contra el alto costo del combustible, los alimentos y los medicamentos, entre otros rubros, medidas de presión que obligaron al Gobierno a establecer una mesa única de diálogo nacional para contener la crisis.
