Río de Janeiro (Brasil), 19 oct (Sputnik).- La comisión instaurada en el Congreso Nacional de Brasil para investigar el intento golpista del 8 de enero en Brasilia aprobó este miércoles el informe final, que pide que se impute al expresidente Jair Bolsonaro por varios delitos, entre ellos el de golpe de Estado.
«El informe pide la imputación de 61 personas por delitos como asociación criminal, violencia política, abolición del Estado democrático de derecho y golpe de Estado; entre ellas, el expresidente Jair Bolsonaro y exministros de su Gobierno», informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
El texto, de más de mil páginas y elaborado por la senadora de centro Eliziane Gama tras meses de interrogatorios, fue aprobado con 20 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
El 8 de enero de este año miles de bolsonaristas radicales se organizaron para invadir de forma violenta los edificios de los tres poderes en la capital brasileña: el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto (sede del Gobierno) con el objetivo de interrumpir el recién estrenado mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El informe apunta a cinco exministros de Bolsonaro y seis de sus auxiliares más próximos, además de excomandantes del Ejército y de la Marina nombrados por él, junto con otros 27 militares y policías militares del Distrito Federal.
También se incluye a empresarios que supuestamente habrían financiado las manifestaciones de los contrarios al resultado de las elecciones de 2022, además de la diputada ultraderechista Carla Zambelli.
La relatora del informe destacó que el ambiente golpista fue incitado deliberadamente por Bolsonaro a lo largo de su mandato y que su actuación (antes, durante y tras las elecciones que perdió) fue «esencial» para que se produjera el intento golpista del 8 de enero.
Tras la aprobación del informe, el texto se remitirá a diversas instancias policiales y judiciales; la semana que viene se presentará formalmente a la Procuradoría General de la República, que podría presentar nuevas denuncias o ampliar los procesos que ya están en marcha en base a toda la documentación recopilada por los parlamentarios. (Sputnik)
