Ciudad de Guatemala, 19 oct (Sputnik).- Los bloqueos de carreteras, marchas y otras manifestaciones continúan este jueves en Guatemala como parte del paro cívico nacional iniciado hace 18 días por los pueblos ancestrales mayas y otros sectores de la sociedad en defensa del resultado de las elecciones.
«Provial actualiza información sobre bloqueos: A las 05:00 horas de este jueves 19 de octubre (11.00 GMT) se reportaban al menos 22 puntos bloqueados en el país», informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) en su cuenta de la red social X.
El reporte, con el cual esa dependencia gubernamental actualiza periódicamente la situación del tránsito en el país, no incluye lugares donde los manifestantes no cortan el movimiento vehicular, como el plantón frente a la sede del Ministerio Público (MP), en el centro histórico de la capital, iniciado el 2 de octubre.
El miércoles, dirigentes de los pueblos originarios mayas, que convocaron el paro, y las autoridades llegaron a un acuerdo para facilitar el paso de los empleados, el público y acceso de los vehículos a los estacionamientos del MP.
La decisión se logró luego que la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil despejar los accesos al MP e incluso autorizó el uso de la fuerza, en una resolución que despertó amplias expresiones de repudio dentro y fuera de Guatemala.
Varias miles de personas continuaron el miércoles y hasta las primeras horas de este jueves protestando detrás de unas vallas metálicas colocadas por agentes policiales para crear un paso expedito al MP, en repudio de lo que llaman «pacto de corruptos» para anular la voluntad de la población expresada en las urnas.
El paro cívico fue convocado el 30 de septiembre poco después que agentes del MP allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y se llevaran las cajas con los documentos originales con los resultados de los comicios, cuyo resguardo es exclusivo de las autoridades electorales.
Los pueblos originarios y amplios sectores de la sociedad consideran ilegal el secuestro de esos documentos, de cuyo destino se desconoce desde entonces, y temen que se trate de una maniobra para buscar romper el orden constitucional de Guatemala (Sputnik).
