San José, 24 oct (Elpaís.cr).- Organizaciones sindicales y la sociedad civil de Costa Rica se encuentran listas para una marcha este miércoles 25 de octubre, en defensa del Estado Social de Derecho, en reclamos por mejorías en salud y educación.
Los sectores que conforman la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como una diversidad de organizaciones de la sociedad civil, se unirán en una marcha por las calles de la capital y otras zonas del territorio nacional por la protección de los sectores más vulnerables de la población y en defensa del Estado Social de Derecho, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
La denominada Gran Protesta Nacional, también es apoyada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) que reúne a las cinco universidades públicas del país.
Las universidades informaron que brindan su respaldo a los sindicatos, organizaciones del movimiento estudiantil, Magisterio Nacional, y una gran variedad de grupos y colectivos bajo una muy clara consigna universitaria: ¡Es por la Costa Rica del bienestar!.
Según los organizadores de la movilización, la Gran Marcha es una respuesta a las políticas públicas asumidas por el actual gobierno, que amenazan la estabilidad social en el país en temas de seguridad agroalimentaria, el debilitamiento en el derecho del acceso a la salud y a la educación pública, además de temas de gran relevancia para la Costa Rica del bienestar como: facilidades para obtener vivienda digna, la protección del ambiente, los elevados índices de violencia, la justicia económica y tributaria, la defensa de los Derechos Humanos, entre una gran cantidad de demandas que conforman la agenda de la marcha.
El escenario principal de la marcha se concentra en las calles de San José, sin embargo, se han coordinado también diferentes manifestaciones en Limón centro, el Caribe Sur, el Caribe Norte, Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y Zona norte del país.
Todos estos espacios de protesta alzan sus voces, según un comunicado de prensa dado a conocer por los organizadores, para «expresar el descontento ciudadano ante las políticas públicas del actual Gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense».
El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, explicó que la institución decidió sumarse al movimiento con la consigna de avanzar hacia una Costa Rica del bienestar, una que protege a sus agricultores y defiente la soberanía alimentaria, la que reconoce que el arte y la cultura son generadores de desarrollo y asigna el 8 % del PIB a la educación pública, así como la que paga las deudas con la seguridad social y construye un país más seguro, con más y mejores derechos económicos y sociales.
La Costa Rica del bienestar
La Universidad de Costa Rica estará siempre dispuesta construir un país próspero, con desarrollo sostenible y justicia social. Por la Costa Rica del bienestar, acompañaremos la marcha pacífica este 25 de octubre, 2023, añadió.
Durante la convocatoria para La Gran Marcha, se hizo un fuerte llamado a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
El Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica señala: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción, y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
A este movimiento se unirá la Alianza Nacional Campesina del Norte, organización que manteía negociaciones en la Presidencia de la República y que desde el pasado 23 de Octubre se refugian en las instlaciones de la Universidad de Costa Rica. Se trata de un grupo de aproximadamente 160 personas (entre ellos menores de edad) provenientes de Los Chiles y que piden al Ejecutivo una declaratoria de interés público para regular los terrenos que ocupan y siembran más de 500 famiilias de la zona.
