San José, 28 oct (Prensa Latina) Unas 40 organizaciones de la sociedad civil costarricense y los sindicatos fueron a las calles esta semana, en defensa del Estado de Derecho, en una marcha catalogada de única, por los distintos actores que reunió.
Bajo el lema En contra de las políticas que destruyen el Estado Social de Derecho y por una Costa Rica próspera y libre, estaban guiados los costarricenses, en reclamo de la soberanía y seguridad agroalimentaria, protección del ambiente, seguridad energética, así como justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo.
A estas se suman la financiación y promoción del arte y la cultura, las facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
En un comunicado conjunto las organizaciones participantes explicaron que la marcha constituye una exigencia del respeto al artículo 50 de la Constitución Política, que establece: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
¡Sin educación no hay desarrollo! ¡Basta de recortes! Fueron algunos de los carteles que portaban y sobre todo de este sector, que reclama su presupuesto estatal, una de las conquistas de este país hace casi ocho décadas.
¡Somos hijos de la educación! explicó a Prensa Latina Sebastián Arguedas un maestro que cursó estudios de primaria hasta la Universidad de manera gratuita. Teníamos salud y educación de lujo y quiero que mis nietos también la tengan, subrayó.
Desde su llamamiento por la Mesa Nacional de Diálogo, a la que se unió la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social y el Frente Nacional de Lucha, sus representantes instaron a fortalecer el Estado Nacional de Derecho, quebrantado a juicio de estas entidades, por insatisfacciones en el uso del presupuesto de la educación pública.
De hecho, una de los reclamos es garantizar la inversión del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educación, incluido el presupuesto de las universidades públicas.
Preocupa con especial énfasis, el aumento de la inseguridad y la tasa de homicidios, este último acápite con cifras sin precedentes, que superaron desde hace varios días las estadísticas de 2022. En la actualidad se contabilizan en lo que va de año 740 muertes violentas en Costa Rica.
Las autoridades explican que se debe a entre otras causas a ajustes de cuentas entre grupos dedicados al narcotráfico, por el control de localidades y la legitimación de capitales.
Situación a la que se suma el pago de la deuda pendiente a la principal institución que garantiza salud pública y pensiones: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en particular las largas listas de espera para acceder a cualquier servicio sanitario.
Por solo mencionar las más recientes estadísticas, dadas a conocer en un reciente foro liderado por el Sindicato Nacional de Enfermerías y afines (Sinae), más de un millón de personas están a la espera de una cirugía, cita con un especialista, o un examen diagnóstico en hospitales de la CCSS.
Cifras que conllevaron al secretario general del Sinae, Lenin Hernández, a exigir que las listas de espera sean declaradas emergencia nacional.
Las insatisfacciones en salud y educación no son las únicas, el gremio agropecuario considera que existe un total abandono a los productores, que muchas familias rurales y costeras no tienen oportunidad de producir.
Condenan, además, no depender de la canasta alimentaria importada, y el rechazo a incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, por constituir una amenaza a la soberanía alimentaria y representar un peligro para las familias productoras.
