San José, 9 Nov. (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica urgió al país para que aborde la situación de la seguridad económica de la población adulta mayor, entendida como la capacidad de disponer de forma independiente de recursos económicos regulares y suficientes para satisfacer sus necesidades, mantener su autonomía y adoptar sus propias decisiones.
En ese marco, la Defensoría de los Habitantes realizó tres investigaciones en la que se abordó el tema de forma sistemática y para las que, igualmente, tomó en consideración el criterio de más de 50 personas adultas mayores, que compartieron sobre su situación financiera.
En el primero de los casos, si bien la investigación partió del análisis del tema de la porción de la pensión intocable, un tema que igualmente afecta la seguridad económica de las personas adultas mayores, CONAPAM acogió la recomendación de la Defensoría de los Habitantes con el fin de que se elabore un plan en 6 meses, mediante los cuales, se adopten las medidas administrativas y en caso de ser necesario, las medidas legales que correspondan, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores de nuestro país, “acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas”, en las diversas modalidades que dispongan la banca (de modo que no se restrinja al crédito hipotecario), en condiciones preferenciales, de conformidad con el artículo 3 inciso d) de la Ley No. 7935 de 25 de octubre de 1999 y sus reformas.
La segunda y tercera investigación, abordan la temática desde la necesidad de que el sistema financiero adopte medidas bajo procesos de diligencia debida, para la promoción de acuerdos institucionales en la materia, que tienen como objetivo el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad y el sistema financiero, a través de medidas para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre dicha población, por ejemplo en materia de acceso prioritario, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito (ver ley N° 9394), información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia del abuso financiero etc.
En este contexto, se requiere de las alianzas de lo público-privado, con el fin de promover iniciativas de alto impacto y conseguir de esa manera, objetivos planteados en materia de protección de derechos humanos, como los ODS, o más específicamente, protección de derechos específicos como los de las personas adultas mayores, por lo que se emitieron recomendaciones al INFOCOOP, con el fin de promover, principalmente entre las cooperativas del sistema financiero las acciones debidas. Igualmente se emitió una alerta temprana a la Asociación Bancaria Costarricense, con el fin de impulsar la iniciativa tanto en la banca pública como la privada.
La Defensora de los Habitantes. Angie Cruickshank, manifestó que el mandato de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos no se puede limitar únicamente a las instituciones de derecho público, sino que este se extiende también a empresas y otros agentes no estatales, no sólo en el marco de la denuncia, sino también a través del asesoramiento sobre la observancia de los derechos humanos; señalando los resultados esperados y facilitar el intercambio de mejores prácticas, por ejemplo a través del mecanismo de alerta temprana para advertir sobre situaciones de deterioro o mejora de los derechos humanos.
En Costa Rica actualmente hay un poco más de medio millón de personas mayores de 65 años. Esto significa un 9,6 % del total de la población del país en este 2022. Si avanzamos 13 años más, para el 2035 la población adulta mayor alcanzará las 855 231 personas (el 14,9 % de habitantes para ese entonces) y, para el 2050, se espera que haya 1 262 311 costarricenses mayores de 65 años, lo que equivale al 20,7 % de seres humanos que vivan en el país.
