Ciudad de Guatemala, 17 nov (Prensa Latina) El Consejo Nacional Empresarial (CNE) condenó la persecución de miembros de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) tras investigación del Ministerio Público (MP) que conmociona hoy nuevamente a Guatemala.
Mediante un comunicado, la asociación calificó la maniobra del ente investigativo de intento desesperado que busca evitar a toda costa la toma de posesión de las autoridades electas, lo cual violenta el orden constitucional.
La ciudadanía ha sido testigo como una y otra vez la entidad que dirige Consuelo Porras ha tratado de socavar el proceso comicial en complicidad con ciertos juzgadores a través de denuncias espurias, carentes de sustento e impulsadas por personajes más que cuestionables, señaló.
La persecución de ciudadanos por sus opiniones es un retorno al pasado más nefasto del país; nuestra Constitución Política garantiza el derecho a la libre expresión del pensamiento, apuntó el CNE.
El actuar del MP es cada vez más deleznable, afirmó, y agregó que las recientes acciones de la fiscalía a cargo se convirtieron “en una clara violación al Estado de Derecho”.
La reconocida red de empresarios instó a todos los sectores a rechazar decididamente esta afrenta contra los derechos elementales de los guatemaltecos.
La Fiscalía contra el Patrimonio Cultural, apoyada por la Policía Nacional Civil (PNC), realizó la víspera desde horas tempranas 31 diligencias de allanamiento, inspección y registro en seguimiento a la investigación denominada Toma de la USAC: Botín Político.
Al menos cinco personas fueron detenidas y llevadas a prisión: la excanditada a diputada por el partido Movimiento Semilla Marcela Blanco, Javier de León, el decano Rodolfo Chang, el ingeniero Alfredo Beber de la Facultad de Ingeniería y Eduardo Velásquez, exdecano de Economía.
El MP anunció que pediría en 24 horas retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, además a los legisladores Samuel Pérez, Román Castellanos, Adán Pérez, Carlos Barrera y Aldo Dávila, así como al congresista electo Raúl Barrera.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio refirió posibles infracciones de depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Analistas políticos coincidieron en calificar la pesquisa en curso de otra clara intervención en el mismo objetivo de anteriores del MP de irrespetar la voluntad popular expresada en las urnas.
La toma de las instalaciones de la USAC 386 días ocurrió luego de la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de altos estudios.
Opositores y estudiantes se organizaron para rechazar el nombramiento, debido a que denunciaron una serie de irregularidades durante la votación, sin que el MP investigara estos hechos.
