Ciudad de Guatemala, 18 nov (Sputnik).- Autoridades indígenas y otros sectores sociales de Guatemala repudiaron el viernes las nuevas acciones del Ministerio Público (MP) en contra de universitarios, catedráticos y opositores que luchan contra la corrupción.
«Toda la información conocida públicamente no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de acallar a toda voz disidente a la corrupción y a la cooptación del Estado», expresaron en un comunicado durante una vigilia cerca del MP iniciada el pasado 2 de octubre.
Los movimientos sociales señalan que la fiscalía busca anular la voluntad popular expresada en las elecciones a favor de quienes luchan contra la corrupción.
Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, del departamento de Escuintla (suroeste), denunció que mientras el MP persigue a quienes luchan contra la corrupción las personas que han desfalcado al Estado por millones de quetzales, la moneda guatemalteca, siguen libres.
Los manifestantes continúan la noche del viernes frente a la sede del MP, en el centro histórico de la capital, en demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros miembros del poder judicial a quienes acusan de operadores de los planes golpistas del llamado «pacto de corruptos».
En otra manifestación frente a la sede del Congreso Nacional los pueblos originarios expresaron su solidaridad con las personas detenidas o con orden de aprehensión por presuntos delitos de sedición y agrupación ilícita durante la ocupación por parte de estudiantes de la estatal Universidad Nacional de San Carlos (UNAS) desde mayo de 2022 a junio de 2023.
El Ministerio Público anunció más temprano que, mediante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, presentó solicitudes para el retiro de la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, Karin Herrera, en el marco del caso de la toma de la UNSA.
Similar decisión adoptó contra los diputados Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, fundado por Arévalo; Adán Pérez y Pérez, del Movimiento Winaq y Carlos Barrera, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
También contra Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla en las elecciones del 25 de junio pasado.
Por el caso de la USAC, fiscales y policías allanaron el jueves varias casas y detuvieron a cinco personas por la ocupación de la universidad, entre ellos una excandidata a diputada del partido Semilla.
Según las acusaciones del MP, Arévalo y Herrera trataron de utilizar la protesta en la universidad contra un fraude en la elección del rector, como un trampolín político para promover sus candidaturas en las elecciones, afirmaciones desmentidas por el futuro gobernante.
La directiva del Congreso Nacional, controlado por fuerzas de derecha, no ha fijado posición en torno a los pedidos de retiro de inmunidad contra Arévalo y otros diputados, pese a que sus sesiones ordinarias finalizan el 30 de este mes y el 14 de enero próximo tomarán posesión los legisladores electos en junio.
En enero también tomarán posesión de sus cargos Arévalo y Herrera, de acuerdo con las leyes guatemaltecas. (Sputnik).
