San José, 24 nov (EP/PL).- Luego de discusiones con el Gobierno sobre cómo abordar la inseguridad y el narcotráfico, la Asamblea Legislativa decidió llevar adelante sus proyectos sobre este tema que mantiene en vilo hoy a los costarricenses.
En este ciclo de la Asamblea Legislativa, que se extiende hasta fines de enero de 2024, se discuten proyectos presentados por el Ejecutivo, entre estos, con prioridad, los vinculados a enfrentar la inseguridad.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves decidió retirar esas propuestas, tras discrepancias con el Parlamento unicameral.
El Congreso costarricense, ante esa decisión, pondrá a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a trabajar en 22 iniciativas que había presentado al Gobierno como prioritarias.
En esa lista aparecen, entre otras, la Ley de Ejecución de la Pena; para Sancionar el Reclutamiento Ilícito de Personas Menores de Edad; para Fortalecer los Juzgados de Flagrancia y la de Código de Ejecución Penal.
Hay unos de estos expedientes que ya están en Plenario y vamos a impulsarlos, otros están para entrar y esos los definen los jefes de fracción. Pero entonces, cuando nos reunamos como comisión, vamos a discutir las prioridades, explicó la presidenta de la comisión, Gloria Navas.
Para el mandatario el Poder Ejecutivo no puede condenar a los delincuentes ni promulgar leyes más rígidas contra la delincuencia porque son potestades de los poderes Judicial y Legislativo, subrayó al asegurar que el sistema judicial enfatiza la defensa de los derechos de los criminales.
Mientras, los diputados señalan que la mayoría de esas iniciativas presentadas por el Gpbierno tienen serios problemas al rozar con la Constitución Política o con otras leyes, lo que los hace inviables.
Además, que no se ha planteado iniciativas que ataquen la crisis desde su integridad, ya que solamente tienen un fin represivo.
Costa Rica experimenta una ola de homicidios que asciende los 825 hasta la fecha, causada entre otras causas por el narcotráfico, el ajuste de cuentas, el control de localidades y la legitimación de capitales, según argumentan las autoridades.
