San José, 6 Dic (Elpaís.cr). – La Defensoría de los Habitantes exigió hoy «justicia pronta y cumplida» para el líder indígena costarricense, asesinado hace más de cuatro años en la región sur del país.
El día 18 de marzo del 2019, Sergio Rojas Ortíz, activista indígena Bribri de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, fue asesinado de 15 balazos, en su casa.
Desde entonces la Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento al proceso judicial seguido ante el homicidio del líder indígena. Recientemente, la institución tuvo conocimiento de que se ha programado una audiencia oral y privada para los días 07 y 08 de diciembre, informó la entidad.
Transcurridos más de cuatro años de este atroz crimen, que conmocionó a la comunidad de Salitre y al país, «recordamos que varios años antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido la Medida Cautelar 321-12 del 30 de abril de 2015, mediante la cual acogió la solicitud de medidas en favor del “pueblo indígena de Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre” al valorar que los antecedentes y prueba ofrecida en relación con el hostigamiento y amenazas contra el pueblo y contra líderes indígenas, reunían las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad».
Destacó que por ello se «dispuso solicitar al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de ambos pueblos e informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y así evitar su repetición».
La Defensoría expresó que lamenta que han sido escasos e infructuosos los esfuerzos y acciones adoptadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales pretendía tutelar esta medida cautelar; ejemplo de ello son las muertes del propio Sergio Rojas como la de Jerhy Rivera, líder indígena Teribe de Térraba.
Asimismo, expresa preocupación por el escalamiento de episodios de violencia en diferentes territorios indígenas del país, del cual no escapan Salitre y Térraba, aún después del dictado de la medida cautelar, en virtud de la inercia estatal en los procesos de reivindicación de tierras pertenecientes a pueblos indígenas.
En su Informe Anual 2019-2020, la Defensoría de los Habitantes había alertado que “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos estos hechos.”
Nuevamente, la Defensoría de los Habitantes hace un vehemente llamado para que se haga justicia pronta y cumplida en el caso del líder Sergio Rojas Ortíz y evitar la impunidad.
