Naciones Unidas, 8 dic (Prensa Latina) El aumento de las tensiones entre Guyana y Venezuela por el territorio del Esequibo llegará hoy al Consejo de Seguridad de la ONU en un encuentro a puerta cerrada.
La convocatoria a la reunión responde a la solicitud enviada por el presidente del Gobierno guyanés, Mohamed Irfaan Ali.
El mandatario adelantó su petición de «medidas apropiadas» dentro del órgano de seguridad luego de las últimas acciones de Venezuela sobre la disputada región del Esequibo.
Esta semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, abogó por una resolución pacífica y pidió abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa o hacerla más difícil de resolver.
El máximo responsable de Naciones Unidas confió en que ambos estados cumplirán la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y recordó que las decisiones del máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas son vinculantes.
El fallo, emitido el 1 de diciembre, pidió a ambas partes evitar acciones que compliquen las actuales diferencias y notificó que Venezuela “deberá abstenerse de tomar cualquier medida que pueda modificar la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa”, mientras que “Guyana administra y ejerce control sobre esa zona”.
La polémica por ese espacio de casi 160 mil kilómetros cuadrados subió de tono en las últimas semanas con la denuncia por la parte venezolana de licitaciones a trasnacionales petroleras en aguas no delimitadas y la celebración de un referéndum sobre el tema.
Tras los resultados, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba que propone, entre otras acciones, la creación de un estado con ese nombre.
Guyana, por su parte, calificó el plebiscito «como una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política» del país.
En recientes intercambios diplomáticos, Caracas insistió en la necesidad de detener las “acciones de agravamiento de la controversia” en la zona en disputa, mientras Georgetown señaló que las decisiones de la nación vecina “son una violación directa a la orden emitida el pasado 1 de diciembre por la Corte Internacional de Justicia”.
