lunes 29, abril 2024
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Parlamentarios ecuatorianos debaten primer informe de proyecto de ley económica urgente

Quito, 13 dic (Sputnik).- El parlamento ecuatoriano realizó el martes el primer debate del informe sobre el proyecto de ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, enviada el presidente Daniel Noboa.

«Esta ley impone medidas para impulsar el trabajo y no es un paquetazo al bolsillo de los ciudadanos», manifestó Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, que elaboró el documento a debate.

Centeno alegó que este proyecto busca impulsar el trabajo, atraer la inversión y promover una recaudación que permita combatir el déficit con el cual el presidente asumió su mandato el pasado 23 de noviembre, y que se prolongará por apenas un año y medio (hasta mayo de 2025).

La legisladora por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, centro derecha), indicó que 7 de 10 jóvenes ecuatorianos menores de 30 años están en condiciones de desempleo y subempleo, mientras más de 18.000 jóvenes están en la central de riesgo por deudas y no acceden a un trabajo digno.

En el debate, el legislador Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, consideró que la ley no debe pasarle factura a los ciudadanos en materia de salud, educación o seguridad, pues son derechos garantizados por la Constitución.

Mientras Jorge Acaiturri, legislador del Partido Social Cristiano, afirmó que son decenas de miles de ecuatorianos que podrán aliviar sus bolsillos con la remisión de deudas.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, de la bancada de la Revolución Ciudadana (izquierda), hizo varias observaciones al proyecto, entre ellas que el Servicio de Rentas Internas (SRI) transparente la información de aquellos grupos que se han beneficiado en ocasiones anteriores de la remisión, así como evitar el «conflicto de intereses» y la evasión y poner por encima la vida y la prosperidad de los ciudadanos del país .

El pasado 10 de diciembre fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico el informe para el primer debate de la iniciativa de ley, con la cual el gobierno aspira a recaudar 832 millones de dólares en 2024.

La normativa propone una disminución del Impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 6 por ciento para el sector turístico y 100 por ciento de deducción del Impuesto a la Renta (IR) para la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Para la generación de empleo, se plantea la deducción del 50 por ciento adicional en el pago del IR respecto del gasto de sueldos y salarios por la contratación de personas entre 18 y 29 años, personas obligadas a pagar pensiones alimenticias o personas que hayan sido sancionadas con pena privativa de libertad.

También se prevé un 100 por ciento de deducción del IR en gastos de salud, en especial para enfermedades catastróficas, y en lugar de  devolver el 12 por ciento del IVA al sector inmobiliario, propone encontrar un mecanismo para que no sea sujeto del pago de IVA.

Otro punto del proyecto de ley es la implementación de zonas francas, cuyos usuarios operadores tendrán una tarifa cero por ciento de IR los primeros cinco años y posteriormente una tarifa de 15 por ciento.

La Asamblea Nacional tendrá 30 días para tramitar la iniciativa, para lo cual se desarrollarán dos debates en el pleno legislativo para la aprobación o archivo del texto, lo que deberá cumplirse antes del próximo 26 de diciembre.

Movimientos sindicales anunciaron el martes que realizarán plantones y movilizaciones para frenar la aprobación de este proyecto, que consideran lesivo para los trabajadores y el pueblo, en particular en los puntos referidos a las zonas francas y la remisión de deudas porque podría beneficiar a grandes grupos económicos, entre estos el de la familia del presidente Noboa.

Al aprobar el informe en discusión, la bancada de la Revolución Ciudadana logró incluir la prohibición de la remisión de deudas con el Estado ecuatoriano a familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad  de legisladores y del presidente.(Sputnik)

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