Bogotá, 15 Dic (Sputnik).- La oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos está preocupada por el confinamiento, desplazamiento masivo y amenazas contra decenas de familias en el departamento del Chocó, al noroeste del país, en donde se registran continuos enfrentamientos entre narcoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Nos preocupa el confinamiento, desplazamiento masivo y amenazas en contra de familias indígenas emberá del municipio de Juradó, Chocó, derivados de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales ocurridos entre el 9 y 13 de diciembre», señaló la oficina de la ONU el jueves a través de la red social X.
El organismo también condenó «el reclutamiento forzado de una niña», que luego fue dejada en libertad, por uno de los grupos irregulares. «Nos preocupa que estas acciones violentas puedan extenderse a otros municipios del pacífico chocoano», agregó el organismo.
Entre tanto, hizo un llamado «a los grupos armados no estatales», a respetar el derecho humanitario internacional y los derechos humanos. Además, recordó que el Estado colombiano tiene «la obligación», de «prevenir los reclutamientos forzados de niños y niñas menores de 18 años».
«Grave situación humanitaria»
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió durante la semana que los habitantes del municipio Juradó, viven una «grave situación humanitaria» tras verse obligados a confinarse en sus viviendas, debido a los mencionados enfrentamientos.
La situación en esa región, explica la Defensoría, afecta a miembros de varias comunidades como la Eyazaque, del resguardo indígena Nusí Purrú, que fueron amenazadas por los grupos irregulares; así como los habitantes del Cedral, que quedaron en medio del fuego cruzado.
De igual forma los residentes de Amba Patato han recibido amenazas y señalamientos de ser informantes de los bandos en disputa. Estas acusaciones provocaron el desplazamiento forzado de 137 personas (27 familias) hacia el casco urbano de Juradó, localidad en la que fueron asesinados una mujer indígena y un adulto mayor, en medio de los combates de los irregulares.
En medio de la tensa situación, un joven amenazado que se encontraba bajo protección en el casco urbano de Juradó, y que decidió salir para pedir mayor seguridad, fue interceptado por criminales cuando se trasladaba en una lancha de transporte público y hasta el momento se encuentra desaparecido.
Según la Defensoría, Juradó cuenta con 14 comunidades indígenas que pertenecen a cuatro resguardos, y cinco corregimientos afro. «En casi todos, sus habitantes son susceptibles de la vulneración de derechos por el ELN y las AGC», advierte el organismo.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que se hizo un consejo de seguridad extraordinario donde se solicitó la atención de las víctimas y la protección especial de los líderes indígenas y personas amenazadas. Además, pidió mayor presencia de la Fuerza Pública en los territorios afectados «para tener el control efectivo de la situación» y «salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades».
ELN denuncia falsos positivos
El ELN, actualmente en el quinto ciclo de conversaciones con el Gobierno en México, publicó en sus redes la versión de uno de sus frentes donde se denuncia la supuesta presentación de víctimas ejecutadas por las AGC y la Armada como miembros de esa guerrilla, practica conocida en Colombia como ‘falsos positivos’.
En un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, afirma que el pasado miércoles miembros del Clan de Golfo junto a integrantes del batallón de infantería de la Marina N° 21 habrían secuestrado, torturado y asesinado a tres «humildes campesinos» de Juradó.
En el texto se publicaron los nombres de Edaison Valois Valderrama, de 19 años de edad, quien supuestamente habría sido torturado y obligado a decir en un video que pertenecía al ELN y a señalar a varios miembros de la comunidad de ser sus colaboradores.
Otra de las víctimas sería Ezequiel Córdoba Isarama, quien habría sido ultimado y presentado en una fotografía con un brazalete del grupo armado que le habrían puesto su agresores. Además, Luis Roberto Betancur Caña, de 63 años de edad, también sería otra de las víctimas.
Según este bloque del ELN, las acciones paramilitares en esa entidad tienen «todo el apoyo y complicidad» de los mandos medios y generales de las Fuerzas Militares, como parte del supuesto «plan contrainsurgente» dirigido contra la guerrilla y que incluiría, además, la repartición de «las ganancias económicas» generadas por el narcotráfico de las AGC. (Sputnik)
