Santiago de Chile, 16 Dic. (EUROPA PRESS) – La población chilena está llamada este domingo a las urnas en un nuevo plebiscito constitucional que se celebra tras el fracaso en el referéndum de 2022 y bajo la advertencia del presidente Gabriel Boric de que este será el último intento durante su mandato de dejar atrás la Carta Magna aprobada en 1980 al amparo del dictador Augusto Pinochet.
Tras el fallido referéndum de septiembre de 2022, cuando la población rechazó de forma contundente –con casi un 61,9 por ciento de los votos– la propuesta planteada por una Convención Constitucional de marcado carácter progresista, los chilenos votarán de nuevo una propuesta de Carta Magna a cargo ahora del Consejo Constitucional.
El varapalo del presidente Boric, quien ascendió al poder en marzo de 2022 con la aprobación de una nueva Constitución como una de sus propuestas estrella, no solo se redujo al fracaso de aquel plebiscito, sino también de la holgada victoria de la derecha conservadora en la elección de consejeros del nuevo órgano constituyente.
En la votación para la conformación de dicho órgano, el Partido Republicano de Chile obtuvo 22 consejeros, que sumados a los once de Chile Vamos, concedió a la derecha una amplia mayoría en el Consejo Constitucional. La coalición progresista Unidad para Chile, junto al consejero mapuche, obtuvieron los 17 asientos restantes.
Así las cosas, la derecha ha hecho valer su mayoría en el Consejo Constitucional, presentando una última propuesta que no ha sido bien recibida por los sectores de la izquierda política, mientras que desde la derecha y oposición al Gobierno de Boric han mostrado su total respaldo al nuevo documento.
Principales propuestas
Esta nueva propuesta defiende el compromiso del Estado con la salud pública «a través de instituciones estatales», concede a los padres de los alumnos el derecho preferente sobre la educación de sus hijos y deja la puerta abierta a un sistema de pensiones «a través de instituciones públicas o privadas».
Asimismo, en materia política apunta a la reducción de 155 a 138 diputados en la Cámara de Diputados, aboga por conservar el Senado, impone un mínimo del cinco por ciento de los votos a nivel nacional para que los partidos políticos obtengan representación y recoge que los políticos perderán su acta en caso de que abandonen el partido por el que fueron electos.
Chile es un país en el que los indígenas representan el nueve por ciento de la población, aunque por el contrario no están siquiera mencionados en la actual Constitución. La propuesta de la Convención Constitucional los reconoce «como parte de la nación chilena» y aboga porque el Estado «respete y promueva sus derechos individuales y colectivos».
Sin embargo, el único consejero mapuche en la Convención ha llamado a votar en contra de la propuesta pues considera que es excluyente con los pueblos originarios y se queda corta, pues no contempla normas compensatorias ni mecanismos para asegurar su participación política.
En materia de igualdad, los defensores del rechazo a la propuesta constitucional lamentan que la nueva Carta Magna no hace efectiva la igualdad entre hombres y mujeres pues no incluye normas que exijan al Estado actuar para tal fin. Sobre el aborto, la nueva norma dice que «la ley protege la vida de quien está por nacer», una fórmula que ha desatado discrepancias por cómo puede ser en el futuro interpretada.
Posturas políticas
Aunque el presidente Boric no se ha manifestado oficialmente sobre su simpatía o rechazo a la propuesta, ha recalcado que esta será en todo caso la última oportunidad por reformar la actual Carta Magna. «Puedo garantizar que este año, tras el plebiscito, sea cual sea la opción que elija la ciudadanía, el proceso llega a su fin», ha manifestado en alguna ocasión.
Por su parte, la coalición Frente Amplio, una de las alianzas políticas que impulsaron la candidatura de Boric, sí que ha mostrado su rechazo a una propuesta constitucional que consideran «consagra los intereses de la élite económica» y «fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas».
En la misma línea, el histórico Partido Socialista de Chile –bajo cuyas siglas gobernaron Salvador Allende y Michelle Bachelet– también se ha opuesto a la propuesta de la Convención Constitucional al considerar que «gran parte del país» queda «excluida» y que «impone solo una mirada» para el futuro del país.
De hecho, la mencionada Bachelet ha llegado a advertir de que no sería una buena señal que la nueva Constitución sea aprobada pues incluye «ciertas ideas que no representan a todos». En la misma línea, el expresidente Ricardo Lagos, el primer mandatario de izquierdas tras Allende, también ha rechazado la nueva propuesta porque no considera que sirva para cohesionar el país.
En el otro lado de la balanza se encuentran los partidos de derecha, ultraconservadores y, en general, opositores al Gobierno de Boric, que, como el excandidato presidencial José Antonio Kast, consideran la propuesta constitucional como una «oportunidad inmejorable» para cambiar el futuro de la nación andina.
Aunque desde el ultraderechista Partido Republicano han recalcado que chile tiene ahora «una nueva oportunidad» para reformar la Constitución de Pinochet, también es cierto que en su día se opusieron a que tras el fallido plebiscito de 2022 se retomara el proceso constituyente.
«Nosotros también nos opusimos a esta segunda oportunidad. Éramos de aquellos que creíamos que el Gobierno tenía que degustar la derrota del 4 de septiembre y que tuviera que asimilar esa derrota masiva donde ocho millones de personas le dijeron que no a un proyecto refundacional», manifestó Kast el pasado mes de octubre.
Entre los principales motivos de disputa, los defensores del rechazo a la propuesta señalan que el documento no asegura una mayor participación ni involucra al Estado en lo relativo a los servicios de salud, educación o pensiones, sino que ahonda en un modelo de capitalización
La propuesta podría fracasar de nuevo
Aunque la población chilena rechazó por holgada mayoría la propuesta de una nueva Carta Magna en 2022, esta nueva fórmula, teóricamente más conservadora, parece que no correrá distinta suerte. Atendiendo a las encuestas, el ‘no’ se impondría de nuevo en el plebiscito constitucional.
La última de noviembre Encuesta Plaza Pública Cadem apunta que un 46 por ciento de la población votaría en contra de la nueva Constitución, mientras que el 38 por ciento votaría a favor de la misma en el plebiscito del domingo. La propuesta quedaría rechazada pero por menor margen que en 2022.
De hecho, la evolución de ambas posiciones sigue tendencias opuestas: mientras aumenta el apoyo a la nueva Constitución, se recude en hasta seis puntos el porcentaje de población contraria a la fórmula del Consejo Constitucional. Todavía un 16 por ciento de los chilenos se encuentra indeciso.
Así las cosas, los chilenos acuden en este contexto el domingo a votar de forma obligatoria –tal como estipula la actual Constitución– en un referéndum rodeado de incertidumbre desde su concepción por el escaso tiempo transcurrido entre el plebiscito de septiembre de 2022 y esta nueva intento por reformar la Carta Magna de Pinochet.
Si triunfa el ‘apruebo’, supondrá la derogación de la Constitución redactada en 1980, al margen de que la nueva Carta Magna pueda estar abierta a cambios. La victoria del ‘rechazo’, en cambio, deja todo tal como está y supondría el fin de la andadura constitucional al menos durante los próximos años con un Boric que aboga por centrarse en gobernar y aprobar las medidas que prometió en campaña.
