Buenos Aires, 26 Dic (Sputnik).- El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un decreto que prohíbe la renovación de contratos de las y los trabajadores públicos que hayan sido contratados en 2023.
La decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende achicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano.
De acuerdo con datos del diario La Nación, esto implicaría el despido de 7.000 personas que comenzaron a trabajar este año en el Estado.
El decreto 84/2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas, además de que también se revisarán miles de contratos previos a esta fecha.
«Instrúyase a las autoridades competentes de cada jurisdicción (…) a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente», señaló.
En caso de que las autoridades decidan renovar determinados contratos, agregó, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de sostener dichos puestos de trabajo.
Excepciones
El decreto exceptúa del recorte las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales. En este caso, por ejemplo, se incluiría el cupo laboral para personas trans previsto por ley.
Además, quedan protegidos los trabajadores que hayan ingresado al Estado antes del 1 de enero de 2023 y cambiado su modalidad de contratación, así como quienes, según el criterio de los titulares de cada entidad, realicen labores indispensables para el funcionamiento de cada jurisdicción, de manera restrictiva y fundada, y su continuidad sea necesaria «por razones impostergables de funcionamiento».
En sus justificaciones, el documento oficial recuerda que el recorte se toma con base en el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la estructura nacional y redujo de 18 a ocho el número de ministerios.
«Se efectuó una reestructuración orgánica con la finalidad de optimizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones (…) la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública», afirmó.
Revisan planes sociales por «irregularidades»
Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno revisará los programas sociales ‘Potenciar Trabajo’, para «detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta».
Adorni detalló que son cerca de un millón los beneficiarios de esos planes, lanzados en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández para «promover la inclusión socioproductiva» con propuestas de trabajo para desempleados y familias de bajos recursos.
En una rueda de prensa en Casa Rosada (sede del Ejecutivo), el portavoz Adorni explicó que, de acuerdo a investigaciones judiciales abiertas, como la que encabeza el fiscal federal Guillermo Marijuan, serían alrededor de 160.000 los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.
«Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8.000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros», manifestó el funcionario.
Adorni añadió que el objetivo de la iniciativa es «transparentar el sistema» para que los argentinos no tengan que «hacerse cargo» de esos planes y que «dejen de significar un negocio para los intermediarios». (Sputnik)I
