Buenos Aires, 26 dic (Sputnik).- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales gremios que concentra a trabajadores públicos de Argentina, denunció este martes al presidente Javier Milei en la justicia penal por los supuestos delitos de abuso, usurpación de autoridad y de traición a la Patria a partir del megadecreto anunciado la semana pasada, informó la organización sindical mediante un comunicado.
«La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei y el resto de funcionarios involucrados en la redacción del mega decreto por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de traición a la Patria», dice el escrito.
A través de una cadena nacional grabada, y difundida en la noche del miércoles, cuando todavía se conmemoraba el «argentinazo» de 2001 que terminó con 39 muertos por causa de la represión policial, el mandatario difundió 30 de los 366 artículos que decidió derogar o reformar por medio de decretos de necesidad y urgencia.
«Por más que se trate del presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público», señaló el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en el comunicado.
Entre las normas se incluyen la eliminación de varios controles de precios, la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y también la ley de tierras.
Además, anunció la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas para que puedan ser privatizadas, la reforma del Código Aduanero para facilitar exportaciones y la autorización de la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
También se desregularizarán los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, del multimillonario Elon Musk.
Sobre la noche de ese mismo miércoles, un nutrido grupo de manifestantes se acercaron al Congreso de la Nación golpeando cacerolas y cantando consignas en contra del Ejecutivo, que lleva 11 días de gestión en la Casa Rosada.
«La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar», señaló Aguiar, quien firmó la denuncia junto a Jonatan Baldiviezo, Claudio Lozano y Hugo Godoy.
La misma recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos.
Para Aguiar, no se trata sólo de un caso de abuso de autoridad, «sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título».
La denuncia exige que se investigue al presidente, como así también a todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023 por: abuso de autoridad, previstos en el artículo 248 del Código Penal; usurpación de autoridad (artículo 243, inciso 3, del Código Penal); y delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de «infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público» o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía «por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno».
ATE cuenta con 343.000 afiliados contando trabajadores nacionales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los más de 2.200 municipios. (Sputnik)
