Buenos Aires, 28 dic (Prensa Latina) Miembros de organizaciones sociales argentinas cortaron hoy la ruta 3 de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, para rechazar las medidas del Gobierno de Javier Milei.
Desde alrededor de las 10:00, hora local, integrantes de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la Central de Trabajadores, Los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados salieron a esa vía de la localidad de Isidro Casanova.
Los manifestantes denuncian las implicaciones negativas de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario y exigieron el respeto a los derechos de todas las personas, en especial de los más vulnerables.
De acuerdo con el representante de la FTV, Luis D’Elía, la demostración continuará hasta horas de la tarde.
A mediados de este mes, el ministro de Gobierno de esa provincia, Carlos Bianco, aseguró que las autoridades locales no aplicarán un protocolo antiprotestas aprobado por la titular argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.
No estamos de acuerdo con esas disposiciones porque, entre otras cosas, criminalizan las manifestaciones. Debe haber cierto orden, pero esas medidas sobrepasan el límite establecido en estos años de democracia, afirmó en declaraciones a Radio La Red.
El DNU anunciado el 20 de este mes dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
La víspera, Milei envió al Congreso un paquete de normativas que establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales y su conversión en sociedades anónimas.
También elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos.
Por otra parte, indica que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
