Brasilia, 30 dic (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil recibió una acción de partidos políticos y representantes indígenas en la que se pide hoy suspender la ley que establece el llamado marco temporal para la demarcación de tierras nativas.
Por esa tesis, los originarios solo tienen derecho a los dominios que estaban en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución federal.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y los partidos Red Sustentabilidad y Socialismo y Libertad exigen en el recurso que la ley sea declarada inconstitucional y suspendida hasta el juicio definitivo de la cuestión en la corte.
El Congreso Nacional derrocó el 14 de diciembre el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto que validó el marco temporal.
Anteriormente, en septiembre, antes de la decisión de los parlamentarios, el Supremo decidió contra el polémico hito transitorio.
La determinación de la corte fue tomada en cuenta por el equipo jurídico del Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, para justificar el veto presidencial. Tal disposición fue promulgada el 28 de diciembre por el Congreso.
De acuerdo con la APIB y los partidos, los dispositivos de la ley que certificó el marco temporal fueron declarados inconstitucionales por el Supremo.
Para los demandantes, el mantenimiento de la utilidad de la medida pone en riesgo a las aldeas aborígenes.
«La vigencia de la ley podrá generar daños irreversibles a los pueblos indígenas, como por ejemplo: paralizar todos los procesos de demarcación que están en curso y consolidar e incentivar más invasiones en sus tierras», alertan.
Precisan que, también, esa validez permitirá «la implementación de obras sin el debido proceso legislativo y consolidará violaciones de extrema gravedad contra los pueblos indígenas».
Especialistas critican el marco temporal, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias cometidas contra los nativos para la toma de posesión de tierras antes de la fecha mencionada.
Para líderes aborígenes, la tesis excluye la realidad histórica y cultural de las comunidades originarias, y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
