Caracas, 3 ene (Sputnik).- El Gobierno venezolano calificó este miércoles de un «robo» que responde a «intereses imperiales» la decisión del juez federal argentino Federico Villena, quien ordenó el decomiso del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa.
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión, a todas luces, servil a intereses imperiales, tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (EMTRASUR), secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República Argentina», señala el comunicado difundido por el canciller, Yván Gil.
El fallo de Villena respondería a la solicitud realizada en octubre de 2022 por una corte estadounidense que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave.
Al respecto, el Gobierno venezolano considera que esa acción viola todos los convenios y tratados internacionales sobre la aviación civil entre ambos países.
«Con esta ilegal decisión, el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el convenio bilateral entre Argentina y Venezuela, y otros acuerdos relativos a la navegación aérea internacional y derechos humanos», destaca el texto.
De igual manera, la administración de Nicolás Maduro manifestó que Venezuela ha demostrado ante todas las instancias jurídicas la posesión legal de la aeronave.
«La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la justicia y Gobierno argentinos, transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica», dice el comunicado.
Asimismo, el Gobierno indicó que recurrirá a todas las instancias jurídicas y diplomáticas para salvaguardar los derechos que le asisten y alertó a los países latinoamericanos que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar el «robo» del avión será considerado como acto hostil en contra de esa nación sudamericana.
El avión Emtrasur aterrizó el 6 de junio de 2022 en territorio argentino, donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en ese país.
Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU.
El avión Boeing 747 3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por EEUU por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades de ese país rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el avión tuvo que volver a Argentina.
Por su parte, el Departamento de Justicia de EEUU transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747.
Ante eso, un juez argentino aceptó el pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano investigado por la justicia de ese país.
En octubre de ese año, un tribunal de segunda instancia de Argentina autorizó la salida de los tripulantes del avión. (Sputnik)
