Bogotá, 25 Ene. (EUROPA PRESS) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la reciente suspensión por parte de la Procuraduría General contra el ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, por supuestas anomalías para emitir pasaportes, es una medida que busca impedir un gobierno popular en el país.
«No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático», ha asegurado Petro, según publica la emisora colombiana Caracol Radio.
Después de que la Procaduría asegurase que Leyva había tomado «decisiones caprichosas» al considerar que se habría extralimitado en sus funciones durante un concurso público para encontrar una empresa dedicada a la emisión de pasaportes –razón por la que se le ha abierto un expediente y ha sido suspendido tres meses–, el mandatario colombiano ha publicado en redes sociales que el ministro «ha seguido sus instrucciones» en base a la ley y que, por tanto, «no son caprichosas».
Sin embargo, este no es el único caso legal que afecta al entorno más cercano de Petro. A mediados de enero, la Fiscalía imputó formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del mandatario, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito destinada a la campaña electoral de su candidatura en 2022.
En relación a este caso, la Fiscalía registró el lunes la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá contra el entonces tesorero de Fecode, Nelson Alarcón, quien presuntamente habría autorizado 500 millones de pesos (unos 116.000 euros) para la campaña de Petro.
El presidente, que se ha desmarcado totalmente del caso, ahora ha asegurado que esta es otra forma más de intentar «sacar al presidente» de su puesto, según ha publicado la emisora Bluradio, y en concordancia con las conspiraciones en su contra de las que ya ha hablado previamente el propio mandatario.
Respecto a este último registro, Petro ha asegurado que se están buscando «caminos» para «expulsarlo» del Gobierno en una organización de trabajadores debido a que él «no se deja financiar por el narcotráfico» ni por «organizaciones mafiosas».
