Buenos Aires, 31 ene (Sputnik).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzó este miércoles el debate de un proyecto de «ley ómnibus» de 385 artículos que delega facultades del Poder Legislativo en el presidente, Javier Milei, durante una sesión especial que podría extenderse por 40 horas y que ha propiciado masivas protestas contrarias a esta iniciativa.
Se denomina «ley ómnibus» a un paquete de normas que legisla en diversas áreas que por lo habitual suelen ser abordadas de forma separada y que tramitan algunos Gobiernos al inicio de sus gestiones para acelerar las reformas que quieren llevar a cabo.
El último precedente de una medida así fue promovida por el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) en diciembre de 2019, cuando a 10 días de haber asumido su cargo logró que Diputados apoyara por 134 votos a favor y 110 en contra, tras más de 19 horas de debate, un proyecto también denominado «ley ómnibus» que declaraba nueve emergencias y suspendía por seis meses la fórmula por la cual se actualizaban las jubilaciones.
En enero de 2018, en el último año de su mandato, el Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019) promovió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de 192 artículos para reformar el Estado que afectaba a ocho ministerios y tres organismos públicos, además de derogar 19 leyes y modificar 140 normas.
El oficialismo optó al final por presentar en la Cámara de Diputados tres proyectos de ley que reemplazaron el DNU ómnibus y que al final fueron aprobados el 22 de marzo de 2018, con el aval definitivo del Senado el 30 de noviembre de ese año.
Al medio año de asumir, Macri también logró que el Congreso aprobara una ley que estipulaba reformas en el sistema previsional, además de incluir modificaciones impositivas y una regularización de capitales.
Pero si este proyecto de «ley ómnibus» tiene un precedente claro hay que remontarse a 1989, cuando el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) aprovechó la crisis económica que había desembocado en la entrega anticipada de mando de su predecesor, Raúl Alfonsín (1983-1989), para lograr que el Congreso sancionara en agosto la Ley de Reforma del Estado, que sentaba las bases para iniciar un proceso de privatizaciones bajo un paradigma neoliberal propiciado por el Consenso de Washington.
En la mención de este antecedente, el doctor en Ciencia Política Julio Burdman, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), observó en diálogo con la Agencia Sputnik que en la normativa de Menem «hubo decretos y leyes de reforma que eran muy abarcativos» dentro de una iniciativa «que era un poco más homogénea y tenía que ver con privatizaciones».
Ley cercenada
El proyecto de «ley ómnibus» impulsado por Milei, cuyo título formal es «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue reducido en 279 artículos, pues la versión original contenía 664 en total.
«Todavía no sabemos el alcance que va a tener el proyecto definitivo, porque en las diferentes instancias de negociación, primero en las comisiones, luego en las negociaciones que se dieron por afuera de las comisiones, y ahora en la sesión de esta semana, se van retirando muchos de los componentes», aclaró el politólogo.
Pese a que el borrador de la norma completa recibió en la madrugada del miércoles pasado el dictamen positivo de un plenario de comisiones de Diputados, el Ejecutivo decidió retirar dos días después el capítulo fiscal del proyecto, tras constatar reticencias por parte de gobernadores y legisladores de ciertos bloques de la oposición dialogantes.
A fin de acelerar su aprobación, el Ejecutivo apartó este paquete económico que contenía cinco medidas de relevancia: una regularización de capitales no declarados, una moratoria de deudas impositivas, una reforma del impuesto que grava el patrimonio, llamado bienes personales, una ley para gravar los salarios (ganancias) y una subida de retenciones.
El proyecto de «ley ómnibus» tampoco incluirá un proyecto del Gobierno que establece modificaciones en el impuesto a las Ganancias (salarios o ingresos).
Esta iniciativa gravaba a los contribuyentes con ingresos formales altos, hasta que una reforma aprobada en el Congreso el 28 de septiembre, con el respaldo del entonces diputado nacional Javier Milei, excluyó a los 800.000 asalariados y jubilados que más cobraban.
Lo que sí va
El borrador de la norma, uno de los pilares del Gobierno, le otorga al presidente facultades legislativas a partir de una declaración de emergencia que se extendería por un año, prorrogable por otro, aunque el borrador original llegaba a extender esas atribuciones excepcionales por hasta cuatro años.
El oficialismo se resignó a que las once áreas de emergencia que planteaba se redujeran al final a siete: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Una de las principales controversias de la norma son «las facultades de emergencia que pide el presidente para poder legislar por decreto», explicó Burdman. «Es lo que se está discutiendo por estas horas, porque algunos diputados que podrían votar la ley quieren sacar eso o reducir el lapso de tiempo que estaría pidiendo en la actualidad».
El politólogo argentino se inclina por pensar que el proyecto prescindirá de los capítulos relativos a una reforma política, «porque era inclusive dudoso que pudiese formar parte de una ley ómnibus».
Otro capítulo trascendental es el concerniente a las privatizaciones. El oficialismo aceptó excluir del proyecto a YPF, una sociedad mixta en la que el Estado controla el 51 por ciento de las acciones, y que figuraba entre las 41 empresas públicas que eran susceptibles de pasar a ser controladas por el sector privado.
El Ejecutivo también se resignó a que otras empresas públicas como Banco Nación, Nucleoeléctrica y la empresa de telecomunicaciones Arsat, solo puedan ser privatizadas de manera parcial, de manera que la compañía siga bajo el control del Estado.
El Gobierno sí mantiene bajo el espectro privatizador otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública.
«Hay muchos temas, diría que el 60 o 70 por ciento, que están bien y que podrían tener el consenso de la política, incluido Unión por la Patria», observó Burdman en alusión a la principal alianza opositora. «Hay asuntos vinculados a procesos judiciales o a cuestiones más secundarias como el divorció exprés, pero ésos no son el punto» central de la ley.
El proyecto del oficialismo también ha sido cuestionado por eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones públicas.
Una cuestión gravitatoria a la que también renunció el Ejecutivo fue el artículo que ratificaba otra de las grandes puntas de lanza de la actual gestión: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el propio presidente el 20 de diciembre, que pasó a estar vigente nueve días más tarde, y que pretende modificar o derogar 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía.
La validez de ese megadecreto se halla mutilada después de que en las últimas horas la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en segunda instancia, decretara la invalidez constitucional del apartado laboral, que abarca 44 artículos.
Más allá de este varapalo, la coalición Libertad Avanza (ultraderecha) tendría garantizada la aprobación de la «ley ómnibus», al contar con el respaldo de sus 38 diputados a los que se suman otros 37 del Pro, partido fundado por Macri, 34 de la Unión Cívica Radical (UCR), y el de otros bloques de la oposición de menor peso, como Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Pero la resistencia al proyecto de ley también llega desde las calles. Hace justo una semana, centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país, con una gran marcha que se hizo sentir frente al Congreso de la capital argentina, para protestar contra las medidas del Gobierno en el marco de una huelga general convocada por la principal central obrera del país, la Confederación General del Trajo (CGT).
Organizaciones sociales y de derechos humanos, junto a partidos de izquierda y otros movimientos culturales, estudiantiles, sindicales y asambleas barriales barriales también tienen previsto movilizarse este miércoles frente al parlamento, cuyos legisladores han sido convocados en una sesión especial a las 10.00 horas (13.00 GMT).
Si el debate se extiende por más de 24 horas, esta protesta se sumará a otra manifestación prevista para este jueves que han organizado entidades sociales frente a supermercados de la capital y de la provincia de Buenos Aires (este) para reclamar alimentos para los comedores populares. (Sputnik)
