Ciudad de México, 2 Feb. (EUROPA PRESS) – Los ocho militares mexicanos del caso Ayotzinapa que estaban en libertad condicional desde la semana pasada tras la polémica decisión de un tribunal del distrito del Estado de México han sido detenidos de nuevo este jueves tras nuevas órdenes de arresto.
Un juez federal ha entregado a la Fiscalía las ocho órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tras ello, el abogado, Alejandro Robledo, ha informado al periódico ‘El Sol de México’, que tres de ellos han sido detenidos al firmar su libertad condicional, porque es cuando se les ha notificado la medida.
Posteriormente, se han entregado los otros cinco militares, si bien Robledo ha señalado que no le han informado de los detalles de la investigación, todo ello justo un día antes de que se lleve a cabo la audiencia inicial del caso, que se prevé que se realice de forma remota en el Juzgado Segundo de Distrito de procesos penales de Toluca.
Sin embargo, el abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, ha negado haber sido notificado de la detención de los militares. «Sabemos que es por delito de delincuencia organizada y no por la desaparición forzada, pero de manera oficial no se nos ha notificado nada», ha explicado.
Rosales ha anunciado que esperarán a que avance la investigación para tomar una postura respecto a las detenciones: «Sigue siendo poco todavía, no vemos que sea significativo; sin embargo, podría ser buena señal, pero vamos a esperar a que nos informes las autoridades», ha remachado.
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo. A esto se suma el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.
El jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó a mediados de enero revocar la orden de prisión preventiva emitida contra ocho de los trece militares detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014 al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados. Para ello, pidió una fianza de 50.000 pesos (algo menos de 2.700 euros).
Tras la decisión, la Fiscalía anunció la impugnación de la decisión y mostró su rechazo «tajante» a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal al «desconocer las resoluciones» y conceder «ventajas indebidas a quienes no lo merecen» a través de una «secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas». Los imputados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
