San José, 8 Feb (Elpaís.cr).- El Tribunal Contencioso Administrativo del segundo circuito judicial de San José suspendió las definiciones que el Gobierno había realizado sobre ciberseguridad para el desarrollo de los sistemas de tecnología móvil de quinta generación (5G) en Costa Rica.
Dicho tribunal ordenó la medida cautelar “provisionalísima” contra la decisión del Gobierno que pretendía dejar fuera a la tecnológica Huawei, de China, del negocio para construir la nueva red.
Una gestión del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), integrado por sindicatos de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, frena cualquier adjudicación que decida el gobierno de Rodrigo Chaves.
El juez Johel Beausejour admitió la solicitud de medida cautelar en el recurso interpuesto por Carlos Stradi, presidente del FIT, contra el Estado, en el que solicitó la suspensión de los efectos jurídicos del decreto ejecutivo 44.169-MSP-MICITT, en el que se establecen condiciones de ciberseguridad para el desarrollo de servicios de 5G y superiores en el país.
El decreto fue publicado en La Gaceta el 31 de agosto del año anterior donde se obliga a no contratar servicios ni adjudicar contratos a empresas que provinieran de países que no hubieran ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad, lo que dejaba fuera a compañías de países como China y Corea del Sur, que son líderes en esta tecnología.
En el caso del ICE, generó descontento porque la empresa china Huawei ha sido una proveedora de gran parte de los desarrollos de tecnologías de 3G y 4G en Costa Rica.
El juez ordenó suspender los artículos 4, 5, 6, 9 y 10 (incisos c, d y e), 11 y 13, y el transitorio. Estos se relacionan con los capítulos “Rasgos Nacionales de Ciberseguridad en redes 5G y superiores”, “Mitigación en los riesgos nacionales de ciberseguridad Redes 5G y superiores”, “Adopción de estándares”, “Análisis y gestión de riesgo en la cadena de suministro”, “Parámetros de alto riesgo” (el inciso e hace referencia a la obligación de que los sujetos pertenezcan a países que se hayan comprometido con el convenio de Budapest), “Medidas aplicables ante la identificación del alto riesgo”, y “Confidencialidad de la información”.
El juez explicó que de momento será una medida cautelar provisionalísima, y resolverá de manera definitiva hasta que cuente con la información que suministe el Estado.
El Estado tiene un plazo de tres días para responder por escrito la solicitud apegada a los principios rectores de la contratación pública, según el expediente 24-001014-1027-CA-4.
Ojalá que esa decisión en el campo de las telecomunicaciones tan pero tan absurda, de este gobierno destructivo, autoritario, dogmático y con abiertas aspiraciones dictatoriales, sea posible traérsela abajo, simplemente y llanamente pensando en lo mejor para el futuro del país y no en las ideas extremas de un dictadorcito ultra.