Caracas, 13 feb (Sputnik).- El Ministerio Público venezolano denunció este martes la existencia de una campaña contra su sistema de justicia, promovida por poderes de Occidente para amparar los intentos de magnicidio y golpes de Estado en esa nación caribeña.
«Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de Occidente», señala el comunicado difundido por el fiscal general, Tarek William Saab, a través de X.
De acuerdo con el documento, la campaña pretende menoscabar las investigaciones en curso «buscando generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo».
«Reiteramos que en Venezuela, frente a la comisión de hechos punibles que menoscaben el orden constitucional y alteren la estabilidad de la nación, siempre habrá justicia», destaca el documento.
De igual manera, la Fiscalía manifestó que las voces que pretenden avalar los crímenes y los atentados contra la nación han sido y serán «nuevamente derrotados por las convicciones pacíficas y democráticas de la mayoría del país».
Al respecto, el organismo informó que el lunes se realizó, en el tribunal segundo contra terrorismo, la audiencia de presentación de seis ciudadanos, quienes luego de las investigaciones preliminares, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada «Brazalete Blanco».
Asimismo, indicó que el Ministerio Público solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Además, solicitó medida de privación judicial preventiva de libertad contra Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
A los cuatro ciudadanos restantes se les solicitaron medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa, entre otras.
Hasta el 26 de enero, un total de 36 personas, entre civiles y militares, habían sido detenidas, por su presunta vinculación a los planes de conspiración, terrorismo e intento de magnicidio.
Esto, luego de que el presidente Nicolás Maduro denunció el 15 de enero el desmantelamiento de planes de conspiración que tenían como objetivo asesinarlo a él y a otros funcionarios del Gobierno, y que habían sido planificados desde Estados Unidos y Colombia.
Por esos casos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expulsó y degradó a 33 militares vinculados a las conspiraciones.
Los implicados fueron imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración en la forma política, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República.
De acuerdo con Maduro, en las conspiraciones participaron militares traídos de Estados Unidos, Perú, Colombia y algunos oficiales venezolanos captados en los años 2020 y 2021 por parte de la CIA.
Los planes de desestabilización fueron desarticulados entre los meses de mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2023. (Sputnik)
