San José, 15 Feb (Elpaís.cr).- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica declaró con lugar una nueva medida cautelar presentada por la Fundación MarViva en contra del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), para suspender el estudio sobre pesca de camarón.
Los argumentos de la Fundación MarViVa están relacionados con la metodología, control, fiscalización, permisos y morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); entre otros. Esta es la segunda vez que suspenden la realización de los estudios.
Por existir peligro inminente y de difícil reparación para los ecosistemas marinos, incluso para las arcas del Estado, dicho Tribunal declaró con lugar la nueva medida cautelar, la cual busca suspender el estudio sobre pesca de camarón que intentaba reactivar la pesca de arrastre en mares costarricenses.
Debido a requerimientos del proceso, el Tribunal Contencioso Administrativo decidió durante una audiencia el pasado viernes 9 de febrero, retrotraer el proceso a sus etapas iniciales, ya que se estimó necesario incluir a los actores del sector pesquero industrial y camaronero.
Apegada a lo decidido por dicho tribunal, MarViva presentó una nueva medida cautelar, incluyendo una solicitud de incorporar al sector como parte, la cual fue aprobada este jueves.
La aprobación de la medida cautelar responde a la serie de irregularidades y falencias que contravienen de forma directa las disposiciones normativas emitidas por la Sala Constitucional en el tema; la falta de solidez técnica del proyecto, los vicios en el desarrollo del mismo y la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución.
Como parte de la medida, se ordena suspender por completo las faenas de pesca, y cualquier otro acto conexo realizado por INCOPESCA que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca; esto hasta que se resuelva por el fondo la demanda presentada por MarViva, la cual sigue en trámite.
«Por segunda ocasión los tribunales nos dan la razón, este es una paso firme hacía la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias. En medio de inconsistencias y falta de transparencia, así como la insistencia de algunos, este “estudio” está cargado de carencias técnicas y metodológicas, lo que representa un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas”, expresó Katherine Arroyo, Directora ejecutiva de MarViva.
Esta nueva medida cautelar tiene vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva para la demanda interpuesta por la organización, la cual busca la anulación del “estudio” que pretende reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica.
Nuevos “estudios” para la pesca de camarón: con inconsistencias desde el inicio
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en setiembre de 2022, durante el Consejo de Gobierno en Puntarenas, que el Gobierno realizaría nuevos estudios técnicos para reactivar la pesca de camarón en los mares costarricenses.
Según el mandatario, los estudios ya habían sido aprobados por la Junta Directiva del Incopesca y se realizarían a partir del primer trimestre del 2023.
Desde ese momento y con el interés de conocer más sobre la investigación, MarViva solicitó información detallada. Fuertes cuestionamientos a los “estudios” no fueron exclusivos de MarViva y a ella se sumaron la Academia, otras organizaciones conservacionistas y científicos de gran reconocimiento, haciendo evidente que el estudio no cumplía con los requisitos mínimos.
Amparándose en una deficiente propuesta de investigación, el INCOPESCA otorgó permisos de pesca que autorizaban la explotación comercial de camarón mediante la técnica de arrastre. MarViva denunció que el INCOPESCA formalizó esta y otras decisiones mediante actos contrarios al ordenamiento jurídico, es decir, actos ilegales que debían ser declarados absolutamente nulos.
Para MarViva, la propuesta incumple con los requisitos exigidos por la Sala Constitucional en las resoluciones N°10540-2013, N°070978-2018 y N°14168-2018, las cuales detallan los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.
En dichas sentencias, la Sala reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar una reducción significativa de la captura incidental, su coherencia con el desarrollo sostenible democrático y debía incluir aspectos como las interacciones ecosistémicas, la contaminación generada, la capacidad de regeneración de los sistemas y las poblaciones afectadas entre muchos otros; todos estos ignorados en la investigación.
“…Y lamentablemente, no nos equivocamos. Los observadores a bordo durante los primeros meses del estudio emitieron numerosos señalamientos que invalidaban los datos de desembarcos reportados y, por ende, los cálculos sobre la fauna de acompañamiento. Además, quedaba claro las deficiencias metodológicas del estudio y la existencia de condiciones que ponían en riesgo la integridad física de quienes realizaban las faenas de pesca, incluyendo observadores y los mismos capitanes de los barcos”, explicó Arroyo.
