Ciudad de Panamá, 22 feb (Prensa Latina) La Alianza Pueblo Unido por la Vida anunció nuevas protestas en la calle para demandar la salida del país de la empresa Minera Panamá, que causa daños ambientales y atenta contra la soberanía.
En conferencia de prensa, uno de los voceros de ese colectivo, Jorge Guzmán, consideró una ofensa y un irrespeto a los panameños el anuncio reciente de un programa de visitas de la población a la mina de cobre de Donoso (Colón) para corroborar el plan de cierre, un proyecto tergiversador de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
Guzmán dijo que la minera, en complicidad con el Gobierno, debería acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre pasado, que declaró inconstitucional un convenio suscrito con el Estado. Asimismo, anuncia ese programa de visitas de la población como si fuera un centro turístico.
El mensaje de la vocera Maru Gálvez a nombre de Minera Panamá fue criticado también por el activista social, que catalogó a la funcionaria como enemiga del pueblo y traidora a la patria.
La Alianza adelantó, entre las principales movilizaciones, una concentración el venidero 28 de febrero frente a la Procuraduría de la Nación y un día después ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que hagan valer el fallo que decreta la presencia ilegal en el país de la minera.
Integrantes de las organizaciones sociales también marcharán hacia la Presidencia de la República el venidero 12 de marzo, para exigir acciones concretas en cumplimiento de un mandato del pueblo: no a la minería metálica.
Según trascendió en la jornada, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) convocó para este jueves a directivos de la empresa para que expliquen el controversial programa de visitas de la población a ese enclave.
La institución espera que la filial de la trasnacional canadiense First Quantum rinda cuenta de ese proyecto, cuando en realidad debería ocuparse del fin de las operaciones y un plan de preservación y gestión segura, ordenado por el Gobierno a finales de 2023.
De manera paralela, la compañía extranjera comenzó en Estados Unidos un proceso de arbitraje para demandar a Panamá unos 20 mil millones de dólares para proteger su inversión, según el diario La Prensa.
Recientes informes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) señalan los peligros existentes de contaminación en Minera Panamá, los cuales no han sido revelados por el Gobierno.
