Buenos Aires, 29 feb (Sputnik).- Un juez federal argentino prohibió a los integrantes de una agrupación de ultraderecha, Revolución Federal, a acercarse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), al Congreso, o a su domicilio, en el marco de una causa que los procesó por incitación a la violencia colectiva.
«Dispóngase la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares», señaló el juez Marcelo Martínez de Giorgi en un fallo al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.
El magistrado, que procesó en 2022 a cuatro integrantes de Revolución Federal por un delito que tiene entre tres y seis años de cárcel, encomendó a los acusados a que cumplan con la instrucción, bajo pena de revocarles la excarcelación que les otorgó un tribunal de segunda instancia, la Cámara Federa de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El juez encomendó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia a que coloque con «carácter urgente» un dispositivo de vigilancia electrónico a tres de los procesados: Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Angel Guerra.
Puntos oscuros
La resolución del magistrado responde a una solicitud de Fernández de Kirchner, que el 1 de septiembre de 2022 fue víctima de un intento de magnicidio, quien pidió la indagatoria de tres integrantes de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, bajo la certeza de que tienen algún vínculo con Revolución Federal.
En su pedido, la ex vicepresidenta del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) pidió profundizar la investigación contra la agrupación de ultraderecha, y reclamó que se tomen medidas de seguridad.
En la presentación judicial, firmada por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la querella considera que debe indagarse más en los integrantes de Revolución Federal antes de enviar el caso a juicio oral, más cuando uno de los fundadores del grupo, Leonardo Sosa, ingresó al Congreso el 31 de enero invitado por una diputada del oficialismo, Lilia Lemoine.
Los abogados de la exmandataria asumen que Revolución Federal está relacionado con el atentado que sufrió la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, al considerar que hay una conexión política, pues otro líder del grupo, Jonathan Morel, recibió sumas millonarias por supuestos trabajos de carpintería de parte de la empresa Caputo Hermanos, vinculada a la familia del exministro de Finanzas del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Luis Caputo.
Los abogados observaron que aún hay «puntos oscuros y sin justificar de la operatoria de Caputo hermanos con Jonathan Morel», por lo que «es hora de que Rosana Caputo y, luego, Flavio Caputo y Jimena Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria».
Los letrados observaron que no «se ha explicado de dónde surgieron los 50.000 dólares que fueron encontrados en la casa del padre de Sosa y que no tienen justificación alguna».
Por otra parte, los representantes de la exmandataria resaltaron que resta dilucidar con claridad que hacían otros dos integrantes de la agrupación, Sosa y Guerra, en las inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner tres días antes del atentado.
Los abogados dieron por acreditado que una de las procesadas por el intento de magnicidio,Brenda Uliarte, «fue a marchas de Revolución Federal, así como que existen personas que conocían tanto a Uliarte y (Fernando) Sabag Montiel», consignaron los abogados en relación al autor material del ataque fallido.
A un año y medio del ataque, todavía no tiene fecha el juicio oral que aguardan los tres procesados por el intento de magnicidio de Cristina Fernández: Sabag Montiel, su expareja Uliarte y el jefe de la banda a la que pertenecían, Nicolás Carrizo. (Sputnik)
