San José, 29 Feb (Elpaís.cr).- La crisis financiera global del 2008 y la pandemia de la COVID-19 ejercieron una presión sobre las finanzas del gobierno central, lo que llevó a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9.635.
Esta legislación, además de establecer modificaciones al impuesto de ventas y de renta, estableció una regla de responsabilidad, imponiendo límites formales al gasto público y al endeudamiento gubernamental, con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal.
La Defensoría de los Habitantes informó que realizó, el año anterior, consultas a cuatro instituciones del sector social que atienden a poblaciones vulnerables y en estado de pobreza, acerca de las repercusiones de la aplicación de la Regla Fiscal en el año 2023 en los servicios públicos que ofrecen.
Las instituciones analizadas son la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
DESAF indicó a la Defensoría que, para el 2023, se proyectaron ingresos por ¢696.815.597.412,0; no obstante, debido a la aplicación de la regla fiscal y la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, se le aplicó una reducción de ¢43.787.042.620,84 (es decir, del 6,28%).
Eos recursos que no se presupuestaron estaban destinados al financiamiento de programas sociales que atienden a personas en condición de pobreza y pobreza extrema con el porcentaje o monto establecido por ley.
El 78,48% afectó 37 programas sociales que tienen asignado un porcentaje por ley y, el 21,52% restante afectó a 9 programas sociales cuyo monto o porcentaje no está establecido por ley. Manifestaron que las disposiciones de la Ley N° 9.635 han mantenido el presupuesto del Fondo congelado con la presupuestación del año 2019 sin que se haya permitido su crecimiento en los últimos años.
El presupuesto total del IMAS fue de ¢257.183.936.600,0 y de ese total, el 30,94% está bajo los lineamientos de la regla fiscal (¢79.583.980.580,0). Indicaron que la aplicación de la regla fiscal no limita el servicio de atención a usuarios, lo que afecta es el otorgamiento de los subsidios para el caso de los recursos que están pendientes de ingresar al presupuesto institucional, tampoco se ha visto limitada la operativa institucional. Señalaron que se vio afectado el programa AVANCEMOS en ¢7.671. 754.510,0 en lo referido a la fuente de financiamiento MEP (Gobierno Central); de manera que 18.266 personas estudiantes no son beneficiarias, además de los afectados por el recorte de ¢21.000.000.000,0 realizado en el año 2021 y que se mantuvo para el ejercicio económico 2023. Informaron que la regla fiscal para el presupuesto 2024, limitaría básicamente, la atención de nueva población de adultos mayores que se encuentran en lista de espera para ser atendidos en los diferentes programas orientados a su cuidado.
El CONAPDIS señaló que su presupuesto total ascendió a ¢16.746.285.000 y contempló una reducción del 2,85% respecto al del año 2022; situación que afectó a más de 4.500 personas con discapacidad en pobreza y abandono, impidiendo que las personas que ya están en los programas tuvieran aumento por costo de vida desde hace años y las personas que requieren ingresar, en listas de espera no puedan efectuarlo.
Argumentaron que esta población no podrá pagar su vivienda, alimentación, cuido, medicamentos, entre otras. Indicaron que no se puede hablar de progresividad, cuando las asignaciones presupuestarias no dan ni para incorporar a las personas que requieren ingresar a sus programas, lo que existe palpablemente en una regresividad de derechos en las personas con discapacidad, que requieren de asistencia del Estado y este está ausente o en mejor de los casos, presente inoportunamente.
Mientras que el CONAPAM indicó que para el 2023 el presupuesto asignado a esa institución no tuvo afectación, afirmando que los servicios y beneficios que otorgan mediante las Organizaciones de Bienestar Social, no tuvieron inconveniente alguno. Agregaron que la capacidad instalada y presupuestaria de la institución para dar respuesta a la demanda actual es insuficiente, aunado a esto, el crecimiento de la población Adulta Mayor en pobreza y pobreza extrema que requieren de los servicios institucionales demandaría una priorización y focalización mayor de la inversión.
En resumen, de la información recopilada por la Defensoría de los Habitantes de instituciones como DESAF, IMAS, CONAPDIS y CONAPAM, se pone de manifiesto que las restricciones presupuestarias impuestas por la regla fiscal han mermado la capacidad de dichas instituciones para atender las necesidades de sus poblaciones destinatarias, concluye la Defensoría.
