Ciudad de Panamá, 2 Mar (Mongabay.com).- Varias empresas registradas en países latinoamericanos, que afirman contar con el aval de la ONU, han convencido a comunidades indígenas para que cedan los derechos económicos de sus bosques durante las próximas décadas.
Las empresas comparten intereses comerciales en varias jurisdicciones y no han podido demostrar experiencia en proyectos de financiación sostenible, de acuerdo con los hallazgos de una investigación realizada por Mongabay.
A comunidades indígenas de Perú, Bolivia y Panamá se les prometió puestos de trabajo y proyectos de desarrollo local a cambio de poner en el mercado más de 9,5 millones de hectáreas de bosques.
De acuerdo con fuentes comunitarias, la afirmación del respaldo de la ONU fue el principal argumento de venta para que aceptaran poner sus bosques en el mercado. Las tres entidades de la ONU citadas por las empresas han rechazado cualquier tipo de participación.
Mongabay ha descubierto que la metodología empleada para valorar el capital natural no se ha utilizado antes; no hay detalles públicos respecto a su base científica y técnica, y la empresa que creó la metodología se negó a compartir información sobre ella.
Los expertos temen que la falta de regulación en el sector de las finanzas sostenibles, en rápido crecimiento, esté permitiendo abusos contra comunidades que actúan como guardianas de ecosistemas críticos.
En la orilla peruana del río Yavarí, con vistas a la exuberante costa brasileña, un agotado hombre matsés borra la última amenaza anónima recibida en su celular. Creía que él y su pueblo lo habían visto todo: la tala invasiva y los gigantes del petróleo; los vaqueros merodeadores de la primera fiebre de los créditos de carbono; la silenciosa invasión de la pesca ilegal y las redes de narcotráfico en la Amazonía. Pero entonces llegó una nueva decepción.
“Las esperanzas de empleo, estipendios, becas de estudio eran grandes”, dijo sobre el plan que prometía conectividad, ingresos y oportunidades a su comunidad. El hombre pidió el anonimato para evitar represalias.
A medida que crece la presión sobre gobiernos y empresas para que impulsen la acción por el clima, las iniciativas de financiación sostenible van en aumento. Sin embargo, también lo están los actores que buscan beneficiarse de las comunidades dependientes de los bosques, los inversores bienintencionados y las empresas que buscan cumplir compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Una investigación realizada por Mongabay descubrió que en Perú, Bolivia y Panamá, entidades supuestamente especializadas en financiación sostenible y climática han afirmado de manera falsa tener el respaldo de las Naciones Unidas para convencer a las comunidades indígenas de que cedan los derechos económicos de sus bosques durante décadas. Desde 2022, las empresas, que comparten intereses comerciales en varias jurisdicciones, han hecho promesas a las comunidades forestales sobre los beneficios transformadores que puede aportarles la mercantilización de sus bosques y los respectivos servicios ecosistémicos.
Los acuerdos afectaban a unas 78 8000 hectáreas de territorios indígenas kakataibo y matsés en la Amazonía peruana, 8,3 millones de hectáreas de selva tropical y bosque tropical seco en tierras chiquitanas y guaraníes en el este de Bolivia y 43 8000 hectáreas de bosques habitados por comunidades emberá-wounaan, en Panamá.
Avales falsos
Los principales responsables detrás de estos planes son la Foreign Investment Company (FICO), registrada en Panamá, y la Fundación Luciérnaga, con sede en Argentina. Ellos generan certificaciones de sostenibilidad corporativa y estructuran productos financieros sostenibles para sus empresas con los pueblos indígenas de Panamá. Prestan servicios similares a las empresas intermediarias Bluegrace Energy Bolivia, Peru Tecnology Green y Get Life, que han llegado a acuerdos propios con comunidades indígenas de esos dos países.
En teoría, el esquema de financiación sostenible, aunque difiere ligeramente de un país a otro, es beneficioso para todos, según la información compartida por Get Life mediante una llamada en línea. Si las comunidades aceptan mantener los árboles en pie, los intermediarios conseguirán inversores que patrocinen el bosque y financien proyectos de desarrollo local. Los bosques estarán protegidos, los inversores mejorarán su reputación y los intermediarios sacarán una tajada de la transacción.
Los planes giran en torno a Infinite Forest Carbon (IFC), una metodología desarrollada por FICO para poner precio a los bosques y a los servicios ecosistémicos de estos. Una vez valorado el capital natural, puede empaquetarse en productos financieros y comercializarse en los mercados de capitales. Sin embargo, Mongabay no encontró ninguna información pública con respecto a los detalles científicos y técnicos de la IFC ni ningún historial de la metodología utilizada.
FICO describe su metodología como la mejor del mercado para valorar el capital natural y afirma que su personal técnico calificado tiene experiencia en títulos patrimoniales de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, compensación de carbono y pagos por servicios medioambientales. FICO también menciona a la esposa y al hijo de su fundador, Estevão Jadanhi Filho, y al presidente de la Fundación Luciérnaga, José Kirby, como expertos en “cumplimiento ecosistémico”, “cálculos de la IFC” y “financiación climática”, respectivamente.
Cuando Mongabay se puso en contacto con ellos por correo electrónico, ni Jadanhi Filho ni Kirby dieron ejemplos de proyectos similares que sus empresas hubieran llevado a cabo. Jadanhi Filho no dio detalles sobre la experiencia de su personal y se negó a explicar la metodología de FICO, alegando preocupación por las ventajas competitivas.
De acuerdo con las comunidades y organizaciones consultadas por Mongabay, fue la supuesta participación de la ONU lo que realmente vendió la idea a las comunidades indígenas. Las empresas se dirigieron a las comunidades afirmando que contaban con el respaldo de la ONU o que los proyectos involucraban la participación de la ONU, y utilizaron ampliamente los logos de la ONU en los documentos y plataformas vistos en esta investigación.
Por ejemplo, FICO dijo que su IFC fue aprobado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y respaldado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés). Este último es el principal brazo de formación de la ONU y coordina una red de centros conocidos como CIFAL (Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes), gestionados con el sector privado e instituciones académicas.
El sitio web de FICO también afirmaba que la IFC contaba con un “sólido respaldo financiero” a través de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), con sede en Panamá. Sin embargo, en esta investigación se descubrió que no se trataba de un respaldo independiente. Se había ofrecido una subsidiaria de COLAC para prestar los servicios fiduciarios del plan de FICO, mientras que un antiguo gerente de COLAC figuraba como asesor externo de FICO vinculado a la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés). No se revelaron los vínculos comerciales entre FICO y sus dos avales.
Las entidades de la ONU citadas dijeron a Mongabay que no conocían ni apoyaban la metodología de la IFC ni los planes financieros en cuestión.
“No estamos al tanto de esas iniciativas [de FICO], no las respaldamos y esa persona [el exgerente de COLAC] está utilizando el nombre de UNEP FI sin nuestro permiso”, dijo UNEP FI a Mongabay. Ante los resultados de esta investigación, COLAC anunció la rescisión de su acuerdo con FICO y prohibió a la empresa utilizar su logo. Las comunicaciones de FICO sobre sus actividades comerciales en Bolivia siguen afirmando que cuentan con el aval de COLAC.
En Argentina, la Fundación Luciérnaga tiene un acuerdo legítimo con UNITAR para gestionar el centro local CIFAL Argentina, pero parece haber abusado de este vínculo oficial para promocionar sus planes.
En contratos con comunidades, sitios web corporativos y presentaciones, “CIFAL Argentina/UNITAR-ONU” aparece como auditor de proyectos, certificador de proyectos ODS y miembro del comité que asesora a las comunidades indígenas sobre cómo invertir los beneficios de los instrumentos financieros sostenibles y las transacciones de carbono. El centro de formación de la ONU también ha sido repetidamente tergiversado como participante en la emisión de créditos de carbono.
“La Fundación Luciérnaga ha sido sorprendida en un flagrante abuso de su relación con UNITAR y debe ser expuesta y denunciada al público por abuso de confianza, fraude comercial y uso indebido del nombre ‘CIFAL Argentina’ que le fue confiado de buena fe”, respondió UNITAR por escrito a Mongabay. Ante los resultados presentados en esta investigación, UNITAR retiró CIFAL Argentina de su sitio web, afirmando que se reservaba el derecho de emprender acciones legales en el futuro.
En respuestas enviadas por correo electrónico a Mongabay, Rodolfo Tarraubella, presidente de CIFAL Argentina, y José Kirby, presidente de la Fundación Luciérnaga, atribuyeron a terceros el uso no autorizado de los nombres de CIFAL y UNITAR. No hicieron comentarios sobre el uso indebido del nombre de la CMNUCC.
“Siempre digo que solo se falsifican las cosas valiosas, como ocurre con Rolex, las divisas, la ONU y nosotros mismos”, escribió Kirby, que también es presidente honorario de CIFAL Argentina.
Acuerdos peruanos
En los dos últimos años, cuatro comunidades indígenas de Perú han cedido los derechos económicos sobre unas 788 000 hectáreas de sus bosques —una superficie aproximadamente diez veces mayor que la ciudad de Nueva York— y los servicios ecosistémicos asociados. La empresa peruana Get Life, que busca actuar como intermediaria para los inversores internacionales, firmó contratos marco con las comunidades de Fray Pedro y matsés de Loreto, el estado más septentrional de Perú, y con las comunidades Kakataibo de Sinchi Roca y Puerto Nuevo de Ucayali, en el sureste del país.
El último y más grande de los contratos se firmó el 25 de enero de 2023 con la comunidad matsés, que puso en el mercado 500 000 hectáreas de bosque. La comunidad limita con el río Yavarí, una reserva nacional y las tierras de algunas de las últimas tribus aisladas del mundo, lo que la convierte en un amortiguador crítico para las áreas protegidas vecinas.
“No entendí muy bien el contrato [con Get Life], ninguno de nosotros realmente lo entendió”, comentó un delegado indígena matsés de Perú, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. “Pero hablaron de crear empleo y de organizaciones internacionales, así que eso me dio esperanzas”.
Get Life, una empresa nueva, al parecer unipersonal, está registrada con un capital de 2574 soles (menos de 700 dólares) y actividades que van desde los créditos de carbono hasta el marketing deportivo, la arquitectura orientada a la salud y los servicios informáticos.
El fundador de Get Life, Ronald Soldevilla, dijo a Mongabay que carecía de experiencia en finanzas sostenibles y mercados de carbono, al igual que su aliado y gerente de Peru Tecnology Green, Ysrael Urday, un antiguo funcionario público al que los fiscales de Perú han estado investigando por presunta malversación de fondos destinados a la asistencia social.
Un documento obtenido por Mongabay sugiere que los empresarios consideraban ganar dinero no solo como intermediarios, sino también con el diseño y la implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades. Por ejemplo, Peru Tecnology Green valoró en más de 400 000 dólares la preparación de un “expediente técnico” sobre el cultivo en invernaderos para una de las comunidades de Perú. Documentos corporativos a los que tuvo acceso Mongabay mostraban que la empresa también pretendía colocar en el extranjero la parte de los beneficios económicos de las comunidades para evitar pagar impuestos en Perú y luego colocar parte del dinero en fondos de inversión internacionales. Según Get Life, estos planes se han descartado.
En esta investigación también se descubrió que los contratos de Perú y otros documentos relacionados están plagados de imprecisiones. Por ejemplo, definen errónea y repetidamente los créditos de carbono como pasivos y no como activos, utilizan de manera indistinta los términos “metodología” y “tecnología” y valoran tres bosques nativos en casi 3000 millones de dólares sin justificar esa cifra. El contrato con la comunidad matsés de Loreto mezcla conceptos tales como bonos verdes y créditos de carbono, al tiempo que autoriza a Get Life a realizar las gestiones necesarias para emitir y colocar esos instrumentos financieros en los mercados de capitales.
“No veo seguridad jurídica para las comunidades que ceden sus derechos económicos sobre los servicios ecosistémicos”, dijo José Luis Capella Vargas, abogado ambientalista y director del programa de bosques y servicios ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “De ninguna manera firmaría un acuerdo tan amplio, en particular, uno con tantos espacios en blanco, porque uno no sabe realmente en qué se está metiendo”.
Los líderes y delegados comunitarios, incluidas las autoridades que apoyaron un acuerdo con Get Life, sostienen que nunca tuvieron información sobre las organizaciones que la empresa presenta como aliadas en el contrato, en las actas de las asambleas comunitarias y en la página web de la empresa, que desde entonces ha sido eliminada.
“No tengo ni idea de quiénes son ni de dónde vienen”, dijo por teléfono a Mongabay un joven indígena matsés, quien pidió permanecer en el anonimato.
Ronald Soldevilla dijo que se reunió por primera vez con los dirigentes de FICO y Fundación Luciérnaga siendo presidente honorario de Hope Cities Holding, empresa registrada en Miami y enfocada, entre otros, en negocios de créditos de carbono que, según UNITAR, también ha utilizado los logos del instituto de formación sin autorización.
FICO y Fundación Luciérnaga acabarían convirtiéndose en aliados de Get Life al lograr tres acuerdos con comunidades indígenas en 2022. Sin embargo, Soldevilla dijo que no informó a CIFAL Argentina, Fundación Luciérnaga y FICO de los papeles clave que les atribuía un cuarto contrato, firmado en enero de 2023 con los matsés. Dijo que planeaba decírselos si el proyecto se materializaba o cuando el proyecto se materializara.
El actual vicepresidente de la comunidad Sinchi Roca, Nelson Vitiaco, dijo a Mongabay que tampoco había visto el contrato firmado entre la anterior dirección indígena y Get Life ni ningún documento relacionado: “Pero hace poco solucionamos algunos problemas con el título de nuestras tierras y estamos dispuestos a analizar proyectos que puedan beneficiar a nuestra comunidad”.
Los líderes de las comunidades Fray San Pedro y matsés no respondieron a las reiteradas peticiones de Mongabay para que hicieran comentarios. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía, expresó su preocupación por este tipo de acuerdo firmado sin el conocimiento de las organizaciones pertinentes.
AIDESEP dijo “desconocer los términos de los acuerdos específicos de Get Life con las comunidades de Loreto y Ucayali” y declaró como muy cuestionable uno de los contratos que revisó. “Por ejemplo, en cuanto a la cesión de derechos sobre servicios ecosistémicos, hay bastante similitud con los acuerdos que… David John Nilsson pretendió firmar en 2010 también con el pueblo matsés”, comentó. Nilsson también afirmó contar con el apoyo de la ONU. “Esta empresa sigue la misma línea de contratos abusivos y, evidentemente, se trata de una violación de los derechos indígenas”, afirmó AIDESEP.
Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, dijo que esta segunda ola de piratería de créditos de carbono coincide con un gran retraso del Ministerio del Ambiente en el desarrollo de la normativa REDD+. “Estamos enfrentando numerosas iniciativas de empresas y algunas ONG que incursionan en territorios indígenas, muchas veces con medias verdades, falta de transparencia, presión y divisionismo para promover iniciativas y proyectos relacionados con REDD+ y los créditos de carbono”, comentó. Pérez agregó que es necesario que en estos acuerdos participen las organizaciones indígenas regionales e incluso la propia AIDESEP, que cuenta con personal técnico que puede asesorar en estos procesos.
Entrega de un cheque en blanco
Las irregularidades contractuales se extienden también a los productos financieros destinados a recaudar dinero de inversores interesados en la conservación de los bosques —sin resultados tangibles para la selva hasta la fecha—. En caso de que esos productos financieros lleguen a los mercados de capitales, podrían conllevar riesgos de pérdidas financieras (para las comunidades) y de lavado verde (para los inversores), según los expertos consultados por Mongabay.
La idea era que, una vez que las comunidades aceptaran los acuerdos, FICO calcularía el valor monetario de sus bosques y lo empaquetaría en bonos ODS que pudieran comercializarse internacionalmente. Los bonos ODS suelen ser emitidos por gobiernos y organizaciones internacionales, y a veces por empresas privadas.
Los emisores de bonos obtienen dinero de los inversores, lo utilizan para financiar iniciativas de desarrollo sostenible y, finalmente, devuelven el préstamo con intereses, pero, en declaraciones a Mongabay, Get Life dijo que no se esperaba que sus bonos ODS aportaran a los inversores ningún rendimiento financiero más allá de las pretensiones ecológicas y de sostenibilidad.
Mongabay accedió a documentos de 2022 que muestran un bono ODS que valúa los bosques de las comunidades de Sinchi Roca, Puerto Nuevo y Fray Pedro en 2700 millones de dólares, un valor que supuestamente representa el carbono almacenado en el bosque y “otros activos naturales”.
Ronald Soldevilla dijo a Mongabay que estaba intentando colocar una versión actualizada de ese bono ODS en mercados no regulados. A la pregunta de qué “otros activos naturales” sustentan la valoración multimillonaria, respondió: “La biodiversidad en general. No lo he comprobado en realidad, no soy científico y no puedo explicarlo con certeza”.
Según Frédéric Hache, director general del grupo de estudio Green Finance Observatory, “los activos denominados naturales específicos deben enumerarse y definirse con claridad; de lo contrario, se trata de un cheque en blanco y es imposible verificar los resultados de conservación y la valoración de la garantía [el bono ODS]”.
La valoración de los activos naturales también requiere conocimientos científicos, no solo perspicacia financiera, comentó Alessandra La Notte, economista medioambiental sénior del Centro Común de Investigación sobre Contabilidad del Capital Natural de la Comisión Europea.
“Estos tipos de instrumentos financieros afectan a los ecosistemas y al valor de sus servicios. Eso exige mucho más que puros conocimientos financieros para generar métricas significativas”, le dijo a Mongabay, y agregó que la transparencia es esencial si se quiere confiar en las cifras o evaluarlas.
En última instancia, se ha descubierto que el bono ODS que prometía recaudar dinero para las comunidades indígenas de Perú no tiene valor para los mercados, según una fuente que solicitó permanecer en el anonimato por motivos legales.
Para la comunidad matsés, Get Life recurrió a su plan B —créditos de carbono—, pero también fracasó, ya que la tierra, en su mayor parte solapada con la Reserva Nacional Matsés y casi sin deforestación, no cumplía con los requisitos para la compensación de carbono.
En enero de 2023, la jefa de la reserva, Carola Carpio, asistió a un acto a puerta cerrada para presenciar la firma del contrato entre Get Life y la comunidad matsés.
“Durante la reunión, recomendamos que el documento fuera revisado durante un período de tiempo más largo en vista de la complejidad del acuerdo propuesto”, comentó a Mongabay, y agregó que su asistencia fue un acto de cortesía, más que una señal de respaldo institucional. La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación de Perú, dependiente del Ministerio del Ambiente, no respondió a las solicitudes de entrevista de Mongabay.
Violación de la Ley de la Madre Tierra de Bolivia
En Bolivia, empresarios especializados en minería, pilar de la economía del país, se han aliado con la FICO para lucrar con los bosques de las tierras indígenas.
La entidad que trata directamente con las comunidades indígenas es Bluegrace Energy Bolivia, presidida por un ciudadano estadounidense y vinculada a una empresa de holding y firma de capital privado registrada en el Reino Unido. Esta última tiene oficinas en ocho países, entre ellos, España, Bélgica, Argentina y China, y se centra en gran medida en la minería del litio y los automóviles eléctricos.
En 2022, Bluegrace firmó acuerdos con varias organizaciones indígenas: Organización Indígena Chiquitana (OICH) Capitanía del Bajo Isoso, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Los acuerdos abarcaban partes de La Chiquitania, el bosque tropical seco más extenso y mejor conservado de América. En total, obtuvieron derechos económicos sobre 8,3 millones de hectáreas de bosque, una superficie del tamaño de Austria.
Como parte de la iniciativa “Adopta un bosque”, la empresa planea comerciar con créditos de carbono y bonos ODS de FICO y destinar parte de los beneficios a proyectos de desarrollo. A pesar de la complejidad y las implicaciones financieras del plan, el acuerdo con la CPESC establece que las comunidades no deben revelar ninguna información económica, financiera o técnica y deben obtener el permiso de Bluegrace para hablar del acuerdo.
Sin asesores calificados e independientes, estas cláusulas de confidencialidad pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades hacia los abusos, le dijo a Mongabay el abogado ambientalista peruano Capella Vargas, refiriéndose en general a estos tipos de acuerdos.
Según el plan de trabajo de Bluegrace para 2023, la empresa pretende obtener beneficios de la comercialización de instrumentos financieros sustentados por los bosques y destinar la mitad de los ingresos en efectivo “a Bolivia en general y a las comunidades locales en particular”.
Bluegrace Energy Bolivia anunció recientemente su colaboración con FICO y DevvStream, una empresa de inversión de créditos de carbono de Canadá, bajo un plan de “Compensación de carbono a través de tokenización de bonos ODS y Forestación de Activos”.
“Pero comercializar funciones ambientales viola la Ley Marco 300 de Bolivia”, dijo Diego Gutiérrez Gronneman, fundador y director ejecutivo de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental. “Y si un acto contrario a la ley genera un beneficio, es un beneficio ilícito”.
La norma, también conocida como Ley Madre Tierra, prohíbe el comercio de capital natural como los bosques y sus servicios ecosistémicos. Sin embargo, el país aún tiene que definir las sanciones específicas como exige el artículo 35, lo que deja un vacío legal.
Sunny Trinh, CEO de Devvstream, le dijo a Mongabay que Bluegrace no había planteado ningún conflicto potencial con el marco jurídico del país. “Si no estamos generando créditos, entonces no tiene sentido lo que hacemos [con ellos]”, dijo. Trinh tampoco explicó el lenguaje que Bluegrace Energy Bolivia utiliza en los múltiples anuncios relacionados con Devvstream.
Justo Molina, presidente de CIDOB, comentó a Mongabay por teléfono que Bluegrace “estafó en La Chiquitania” y que su firma, que figura en el documento, había sido falsificada. Dijo que había emitido un comunicado aclaratorio, pero no envió una copia a Mongabay como había prometido. También accedió a una entrevista telefónica para el 12 de diciembre, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes en esa fecha.
Durante la visita de Mongabay a la oficina de la CPESC, los dirigentes presentes se negaron a conceder entrevistas y pidieron tiempo para informarse sobre el acuerdo con Bluegrace. Dijeron que eran conscientes de que sus dirigentes no deberían haber firmado el acuerdo porque CPESC y CIDOB no tienen un territorio definido y que cualquier firma debería haber procedido de los líderes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) correspondientes.
La Autoridad Plurinacional Madre Tierra de Bolivia, que supervisa los compromisos del país respecto a la justicia climática y la no mercantilización de la naturaleza, no respondió a las solicitudes de entrevista e información de Mongabay.
Presunto fraude
A pesar de la envergadura de los planes de Bluegrace, las ONG que trabajan desde hace años en los bosques secos del este de Bolivia afirmaron que nunca habían oído hablar de la empresa. Sin embargo, en el período previo al acuerdo con Devvstream y FICO, Bluegrace donó alimentos a las comunidades y dijo que apoyaba a las brigadas de bomberos indígenas en el bosque chiquitano.
Eso sorprendió a Roberto Vides Almonacid, director de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), quien dijo a Mongabay que ni él ni otras organizaciones conservacionistas locales habían oído hablar jamás de “Adopta un bosque”.
“El sitio web de Bluegrace… muestra fotos de bomberos forestales indígenas, pero estas imágenes fueron tomadas en realidad en nuestro Centro Alta Vista en Concepción durante un esfuerzo de desarrollo de capacidades que llevamos a cabo a principios de este año [2023] con el apoyo de las autoridades”, dijo Vides Almonacid. “Esto es un fraude”. Desde ese momento, las imágenes fueron retiradas del sitio web de Bluegrace.
Carlos Alberto Urquiza, elegido en abril para dirigir la Organización Indígena Chiquitana (OICH), dijo desconocer cualquier novedad en el acuerdo que los anteriores dirigentes habían firmado con Bluegrace, y añadió que no había sido informado de la alianza con Devvstream.
Ni el director general de Bluegrace, Nelson Pineda Martínez, ni su presidente, Julio Montenegro, estuvieron disponibles para ser entrevistados.
Conexión con Panamá
Dividida en dos enclaves de la selva del Darién panameña, la comarca Emberá-Wounaan es un distrito indígena autónomo que se extiende por más de 438 000 hectáreas y sirve de amortiguador al Parque Nacional Darién, una de las áreas protegidas más grandes y valiosas de Centroamérica. La comarca agrupa a 40 comunidades, con unas 10 mil personas. A diferencia de Bolivia y Perú, FICO se comprometió directamente con los emberá-wounaan para obtener derechos sobre sus bosques a principios de 2022, e incluso intentó que el gobierno avalara su plan de financiación sostenible.
“Realmente no podía explicarlo muy bien [el plan de financiación sostenible de FICO] porque en realidad no lo entendía”, dijo Leonides Cunampia, jefe de la comarca desde abril de 2022, a Mongabay. “Nosotros poníamos nuestros títulos y luego ellos entregaban el bono o el dinero, algo así”.
“Vimos que [la comarca] estaba muy comprometida y no se nos permitía discutir en absoluto la negociación sobre nuestras tierras”, comentó Cunampia.
“Las comunidades, que viven en zonas de difícil acceso, están totalmente a oscuras sobre ese contrato [con FICO]”, dijo Yanel Venado Jiménez, abogada de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que representa a todos los grupos indígenas del país. Los estatutos del distrito autónomo exigen que los miembros de la comunidad participen en las decisiones sobre su territorio, pero, según Venado, los acuerdos se negocian con frecuencia con solo dos o tres personas, con el pretexto de que consultar a grupos alejados es costoso.
Sin embargo, las autoridades nacionales parecían receptivas a los planes de FICO y sus aliados. En abril de 2022, una agencia de noticias local publicó los planes de las empresas de emitir millones de títulos basados en el valor de los bosques de Emberá-Wounaan. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó inicialmente un comunicado en el que afirmaba que no había dado ningún paso para respaldar tal medida. Sin embargo, unas semanas más tarde, representantes de FICO, apoyados por José Kirby, se reunieron con representantes del ministerio para argumentar su caso.
Según un informe de CIFAL Argentina de mayo de 2023, las autoridades habrían acordado respaldar el plan de FICO y crear un grupo de trabajo. El MEF no respondió a las preguntas de Mongabay sobre el proyecto. Sin embargo, un funcionario que asistió a la reunión con FICO confirmó el interés del ministerio.
El Ministerio de Ambiente dijo a Mongabay que las finanzas verdes y sostenibles (por ejemplo, planes en la línea de los bonos ODS de FICO) estaban bajo la autoridad del MEF. También dijo que desconocía el acuerdo de FICO con los emberá-wounaan y que está desarrollando un registro de proyectos de compensación para “mapear todos los proyectos de carbono desarrollados en el territorio nacional [de Panamá]”.
Las finanzas sostenibles carecen de transparencia y normativa
“Las finanzas sostenibles son el nuevo lejano Oeste”, comentó Hache, del Green Finance Observatory, y agregó que la regulación no ha estado a la altura de este sector en rápida expansión, lo que ha dejado espacio para los abusos.
Para el abogado ambientalista Capella Vargas, el vacío legal en torno a la mercantilización de los bosques es preocupante: “Los bosques y los servicios que prestan a la humanidad… son bienes públicos, por lo que los gobiernos deben poner condiciones a los negocios que se estructuren en torno a ellos”.
De acuerdo con los expertos consultados para este artículo, las autoridades bolivianas y el poder judicial podrían sortear las lagunas jurídicas del país para hacer cumplir la Ley Madre Tierra —o cambiarla— y países como Perú deberían poner en marcha un registro de proyectos de carbono que debería haberse creado hace bastante, al tiempo que estudian medidas de supervisión para los planes de financiación sostenible. En caso de que se necesite, las comunidades deberían considerar la posibilidad de buscar asesoramiento jurídico para invalidar contratos cuestionables y las autoridades deberían reconocer que el comercio del valor de los bosques, sea cual fuere el mecanismo, no es una mera cuestión económica, sino que exige conocimientos científicos y salvaguardias sociales y medioambientales.
Además, todas las metodologías de financiación climática deben tener una base científica y desarrollarse de forma abierta y participativa, siguiendo procesos bien establecidos, de acuerdo con el experto en financiación climática Daniel Ortega-Pacheco, recientemente nombrado director del Programa de Clima y Carbono Forestal de la Universidad Estatal de Michigan y exministro de Ambiente de Ecuador.
Para Jonathan Crook, experto en políticas de Carbon Market Watch, la experiencia mundial con los créditos de carbono encierra valiosas lecciones para el emergente sector de las finanzas sostenibles: ELa transparencia es imprescindible, sobre todo, en lo que respecta a los flujos financieros, la gobernanza y las metodologías”, dijo, y agregó que las comunidades se beneficiarían de terceros expertos independientes que puedan evaluar la legalidad de las empresas y los contratos, así como la calidad e integridad de sus propuestas.
*La elaboración de este informe ha contado con el apoyo de la beca Dom Phillips del Rainforest Journalism Fund, en colaboración con el Pulitzer Center.
Nelfi Fernández (Diario El Deber/Bolivia), Mary Triny Zea (Panamá) y Vanessa Romo (Mongabay Latam, Perú) colaboraron en la redacción de este artículo.
* Imagen principal: Comunidad indígena con vistas al lado peruano del río Yavarí. Los matsés eran uno de los grupos a los que iba dirigido el plan de financiación sostenible. Foto: Florence Goupil, para Mongabay.
Historia original en publicada en inglés: https://news.mongabay.com/2024/01/false-claims-of-u-n-backing-see-indigenous-groups-cede-forest-rights-for-sketchy-finance/
