Lima, 2 mar (Prensa Latina) Cálculos, pronósticos y conjeturas marcan hoy la expectativa, a cinco días de que el Parlamento defina si destituye a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra y cesa a jueces y fiscales peruanos.
La espera registra al mismo tiempo una polémica en torno al tema que se extiende al exterior del país, entre políticos y medios de prensa neoliberales, de un lado, y políticos y juristas progresistas y organismos de derechos humanos, del otro.
Los análisis periodísticos coinciden en que el bloque de derecha extrema y sus aliados tiene virtualmente asegurada la mayoría simple que necesitan para denunciar a los magistrados por infracción constitucional.
La acusación alega que una de ellos continúa en funciones pese a haber cumplido 75 año aun cuando la constitución establece que para ser miembro de la JNJ hay que ser menor de esa edad.
Los integrantes de la junta argumentan que tienen un mandato de cinco años, tras ganar un concurso convocado para menores de 75 años y a que nadie objetó la nominación de la supuesta infractora, Inés Tello, quien recibió incluso la luz verde de la comisión encargada del concurso de méritos por el que fue designada.
Juristas y activistas sociales peruanos plantearon en una comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que un sector del Parlamento busca descabezar a la JNJ y al Ministerio Público, para asegurar la impunidad de exgobernantes y otros acusados por corrupción cuyos juicios están por iniciarse.
Los pronósticos de la votación del 7 de marzo consideran seguro que los detractores de la JNJ, que han intentado en vano cesar a los jueces varias veces, lograrán a duras penas la mayoría necesaria para denunciar a los magistrados de violar la constitución.
Ese objetivo requiere de la mitad más uno (51) de los 100 congresistas habilitados para votar. No sufragarán los 30 integrantes de la Comisión Permanente que el lunes último recomendó la destitución.
Fuentes parlamentarias acotan que los promotores de la defenestración de la JNJ están sin embargo lejos de los dos tercios (67 votos) necesarios para aprobar la suspensión de los magistrados y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos en el aparato estatal..
Las mismas fuentes señalaron que tal situación ha desatado una “cacería de votos” de congresistas susceptibles de ser persuadidos de presiones u ofrecimientos para alinearse con quienes quieren dar lo que un diario llama “la estocada final” contra la JNJ.
