San José, 5 Mar (Elpaís.cr).- La regla fiscal se aplica de manera automática al gasto corriente del Sistema Público No Financiero (SPNF) sin tener en cuenta las crecientes necesidades de la población costarricense en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos.
Esto resulta en limitaciones de los gastos sociales en momentos en los que la sociedad aún no ha conseguido satisfacer las necesidades básicas de la población, explicó la Defensoría de los Habitantes.
En este contexto, la Defensoría a través de un análisis realizado sobre el impacto de la regla fiscal sostiene que, el diseño de la misma no consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.
Además, agrega, es importante señalar que la regla no prevé su desaplicación en situaciones de alta inflación, especialmente cuando la tasa de inflación supera el aumento autorizado por la regla fiscal para el gasto corriente. Esto, a corto y mediano plazo, disminuye los recursos reales disponibles para las instituciones que prestan servicios públicos, advirtió.
La restricción del gasto social debido a la regla fiscal se mantendrá en los próximos presupuestos, ya que la relación entre la deuda del gobierno central y el PIB para el año 2023 alcanzó el 63,8%.
«Esta situación determina que, al menos para los años 2023 y 2024 se aplique el escenario D de la regla fiscal, que es el más restrictivo. En consecuencia, en los años 2023 y 2024, el gasto total del SPNF, que comprende tanto el gasto corriente como el gasto de capital, solo podrá aumentar un 2,56% y 3,53% del PIB en cada año, respectivamente», ahondó.
La Defensoría sostiene que es relevante notar que, en 2022, el déficit fiscal del gobierno central se ubicó en el 2,52% del PIB, lo que sugiere que las finanzas públicas no enfrentan una crisis profunda.
Sin embargo, la persistencia de la situación fiscal en el escenario D impone restricciones tanto en el gasto corriente como en el gasto de capital del SPNF.
«Esto tiene como resultado una afectación en la calidad y continuidad de los servicios públicos y otros programas gubernamentales, además de la aplicación de las medidas extraordinarias contempladas en el artículo 13 de la Ley. Esto, en última instancia, tiene un impacto negativo en la efectiva realización de los derechos humanos y el bienestar de la población costarricense», señaló.
Para la entidad, en el caso de una eventual revisión de la regla fiscal, es imperativo abordar de manera integral el aspecto del gasto que se recorta. Esto implica considerar con especial atención los componentes del gasto más dinámicos, como los relacionados con la atención de programas sociales, los que salvaguardan bienes públicos superiores y pensiones, entre otros.
«La razón detrás de esta priorización radica en evitar que el gasto en otras áreas restrinja o estrangule la financiación de estos programas sociales esenciales. Asimismo, es crucial tener en cuenta el papel fundamental de las instituciones afectadas en la realización efectiva de los derechos humanos de los grupos vulnerables, lo que subraya la necesidad de un enfoque balanceado en una revisión de la regla fiscal», explica.
Recordó que la pandemia de la COVID-19 agravó aún más la demanda de gasto público, especialmente en áreas críticas como salud, educación, seguridad y pensiones. Dadas estas circunstancias excepcionales, resulta ineludible priorizar ciertos componentes centrales de la política fiscal, incluyendo el gasto público social y la inversión pública. Independientemente de la regla fiscal vigente, es fundamental que el país asegure un financiamiento mínimo para programas esenciales, como garantizar un porcentaje mínimo del PIB destinado al gasto social.
La Defensoría de los Habitantes recomienda al Poder Ejecutivo implementar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional.
Finalmente, destaca que el propósito central consistirá en analizar y debatir la regla fiscal establecida en la Ley N°9.635, tomando en cuenta las deficiencias y aspectos de la normativa actual que han sido abordados por la institución. A partir de los aspectos encontrados, presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incluya los consensos alcanzados.
