Caracas, 23 mar (Sputnik).- El Gobierno venezolano rechazó el sábado que Estados Unidos defienda y convierta en víctimas a los opositores detenidos por su presunta vinculación con planes criminales y de magnicidio.
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en defensa de operadores criminales quienes respondiendo a los intereses estadounidenses y del sector de la oposición vinculado a los grandes apellidos, han pretendido crean un nuevo ambiente de violencia política en el país ante el venidero proceso electoral del 28 de julio», señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil.
El viernes, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que su Gobierno está «profundamente preocupado» por la detención de los dirigentes opositores Henry Alviárez y Dignora Hernández, del partido político Vente Venezuela, de María Corina Machado.
Alviárez y Hernández fueron acusados de estar implicados en planes para producir acciones en las calles para subvertir el orden, y la planificación de acciones desestabilizadoras para forzar la habilitación de Machado.
De acuerdo con el texto, el Gobierno condenó «esta práctica de presentar a los responsables de estos hechos como perseguidos políticos, mientras que el Gobierno estadounidense cínicamente, continúa persiguiendo a todo el pueblo venezolano con la imposición de todas sus sanciones criminales y amparo a los violentos de la extrema derecha venezolana».
Asimismo, la administración de Nicolás Maduro detalló que entre 2023 y lo que va de este año, las autoridades lograron desactivar no menos de siete conspiraciones que tenían como objetivo atacar instalaciones militares y realizar atentados contra dirigentes del Gobierno.
La Fiscalía anunció en febrero que un total de 15 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el denominado plan «Brazalete Blanco», que tenía como propósito asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios del Gobierno.
Entre los detenidos, se encuentra la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien según el Ministerio Público estaría encargada de los enlaces con los medios de comunicación digital en la ejecución del plan magnicida. (Sputnik)
