Buenos Aires, 27 mar (Sputnik).- Un tribunal argentino condenó el martes a prisión perpetua a diez represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) en perjuicio de 605 víctimas.
El Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata dictó además una pena de 25 años contra uno de los acusados y resolvió una absolución, según la lectura del fallo que realizó el juez Ricardo Basílico.
Dos días después de que se cumplieran 48 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el tribunal de primera instancia aplicó la pena máxima contra seis exmilitares, tres expolicías y un civil, el exministro de Gobierno Jaime Smart.
El expolicía, Enrique Augusto Barre, fue absuelto de las acusaciones, por lo que se ordenó su libertad inmediata, mientras que el exmilitar argentino Alberto Julio Candioti, extraditado desde Uruguay, recibió la pena de 25 años de prisión.
De los doce enjuiciados, solo uno, Jorge Héctor Di Pasquale, se encuentra preso en una cárcel común.
El resto escuchó la sentencia desde sus casas, donde cumplen prisión domiciliaria.
Tres de los procesados, entre ellos Barre, enfrentaban un juicio de lesa humanidad por primera vez.
El proceso indagó en los crímenes cometidos en las sedes de las brigadas de investigaciones que la policía bonaerense tuvo en las localidades de Banfield, Quilmes, Lanús, y San Justo, en la provincia de Buenos Aires (este).
Durante el debate oral, por el que desfilaron 468 testigos, se expusieron los delitos cometidos entre 1974 y 1979 en los cuatro centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en las brigadas, conocidos como «pozos» en la jerga represiva.
A lo largo del juicio, que comenzó en plena pandemia, el 27 de octubre de 2020, fallecieron seis de los 18 imputados originales de la causa, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz, exdirector de investigaciones de la policía bonaerense que encadenó nueve condenas a perpetuas y murió en 2022.
De las 605 víctimas que abarca este juicio, 373 sobrevivieron, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas.
Entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidos y sus cuerpos se hallaron con posterioridad.
El Ministerio Público Fiscal había reclamado cadena perpetua para todos los represores por los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por violencias y amenazas; aplicación de tormentos contra perseguido político; privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, aborto forzoso, sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años, homicidio calificado y desaparición forzada en el marco de un genocidio.
En el marco de este juicio, la fiscal auxiliar Ana Orbelín dio cuenta del «particular ensañamiento» que ejercieron los represores sobre las personas trans alojadas en los centros clandestinos de detención, sobre «quienes se aplicaron violencias diferenciales».
En su alegato, la fiscal también señaló que «tan sólo el 31 por ciento de los imputados originales está hoy siendo juzgado», pues «26 acusados fallecieron sin ser condenados en este juicio mientras que un imputado quedó fuera del juicio por incapacidad sobreviniente».
El 5 de julio se conocerán los fundamentos del fallo.
A partir de una política de Estado reconocida en todo el mundo, la justicia argentina ha dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde que en 2006 comenzaran los primeros juicios orales contra los represores de la dictadura, tras la nulidad en 1986 y 1987 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían que fueran juzgados por sus crímenes.
Durante los juicios, que demostraron la existencia de un plan sistemático de exterminio, desaparición y tortura, 1.176 personas fueron condenadas y otras 183 resultaron absueltas, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En la actualidad, hay 17 debates orales en curso y otras 62 causas se encuentran en proceso de ser elevadas a juicio. (Sputnik)
